Abogados de Tierras del Ebro denuncian veto al catalán en juzgados de Vinaroz

El secretario de los juzgados de Vinaroz (Castellón) exige una copia traducida al castellano de las demandas que se presentan en catalán, según han denunciado abogados de las Tierras del Ebro.

En concreto, el secretario del Juzgado de Primera Instancia número 1 de esta localidad castellonense les requiere cada vez que intentan presentar una demanda en catalán una copia traducida "en español" de la misma.

De lo contrario los abogados son advertidos de que sus escritos no serán admitidos, como se constata desde el Colegio de Abogados de Tortosa.

Una exigencia que los dos despachos afectados, uno de Sant Carles de la Ràpita y otro de La Sénia, ambos en la provincia de Tarragona, denuncian que no tiene razón de ser por el hecho de que tanto el catalán/valenciano (que consideran que son la misma lengua) como el castellano son lenguas cooficiales en la Comunitat Valenciana.

Los abogados afectados insisten en que su decisión de dirigirse al juzgado en valenciano está amparada por la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Sin embargo, el secretario, que presumiblemente entiende que los escritos se presentan en una lengua diferente al valenciano, insiste en su posicionamiento, y requiere al bufete de La Ràpita de nuevo para que aporte copia, ahora del recurso, en español, bajo apercibimiento de inadmisión, e incluso cita algunos artículos que ya incluyen advertencias de multas coercitivas y apertura de expedientes sancionadores si no se presenta la copia en castellano.

El veto del secretario se ha repetido en otro bufete de La Sénia, que tiene paralizados tres procedimientos por la misma razón.

Por ello, el bufete de La Ràpita ha decidido poner el caso en conocimiento de Acció Cultural del País Valencià, de la Comisión lingüística de las Tierras del Ebro y del Decano del Colegio de Abogados de Tortosa, Josep Canicio, que también forma parte de la Comisión por el uso del catalán en el ámbito de la administración de justicia.

Según Canicio, "los juzgados sólo pueden pedir una traducción en el caso de utilizar una lengua oficial en el supuesto de indefensión, por ejemplo, porque una de las partes o el juez no lo entienden, pero serán ellos mismos los que se dirijan a los servicios lingüísticos de la comunidad autónoma".

El decano ya ha avanzado que realizará gestiones para intentar desencallar la situación.