El Gobierno andaluz retirará los iconos franquistas que se mantengan

La Junta de Andalucía está decidida a borrar de la comunidad la huella del franquismo. El Gobierno retirará toda escultura y demás simbología franquista en aquellos municipios en los que los Ayuntamientos se nieguen a hacerlo. Así lo prevé la nueva Ley para la Recuperación de la Memoria Democrática que llegará al Parlamento andaluz a finales de octubre o principios de noviembre, según ha avanzado el diputado del PSOE Javier Aragón. La normativa podría entrar en vigor a principios de 2014.

Antes de retirar dichos símbolos, la norma trazará un camino para eliminarlos, que empieza con la elaboración de un censo de aquellos iconos y símbolos de la dictadura que aún permanecen en calles, plazas y edificios públicos de la región. Una vez hecho el censo, “se establecerá un calendario de manera consensuada para ir eliminándolos”, explica Aragón. En caso de que el Consistorio o la Administración responsable se niegue a retirarlos, “se impondrán multas de 300 euros en una primera amonestación, 3.000 euros en la segunda y hasta los 30.000 euros si reincide el incumplimiento”, afirma el diputado socialista. De no retirarse, será la propia Junta de Andalucía la que los elimine.

Con ello, la nueva norma andaluza prevé subsanar las “lagunas” de la ley estatal de Memoria Histórica de 2007, “paralizada por el PP”, que también obliga a los Ayuntamientos a eliminar la simbología franquista, pero que incluye “puertas de atrás que impiden su aplicación”, dice Aragón, quien ha aludido al monolito en homenaje a Primo de Rivera ubicado en una céntrica plaza de Granada que el gobierno municipal del PP se niega a retirar alegando su valor artístico.

La Ley de Memoria Democrática, que elabora la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales, gestionada por Izquierda Unida, pretende “dignificar la memoria” de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, según el diputado. Para ello, la Junta promoverá la localización de restos humanos en las 614 fosas comunes que se calcula que existen en la comunidad, como está haciendo ahora en la localidad granadina de Víznar y en otros municipios. Aragón ha recordado que Andalucía es una de las comunidades que más sufrió la represión, con más de 50.000 fusilados.

La norma prevé elaborar un censo de víctimas de los fusilamientos, a las que se dará un “reconocimiento social e institucional”. También contempla la creación de un comité técnico y de un banco de ADN para facilitar la localización de familiares desaparecidos, así como mapas de localización de lugares de memoria, para los cuales ya hay más de 50 propuestas, según Aragón. La norma contará, en principio, con entre 5 y 6 millones de euros, aunque la cantidad tendrá que concretarse cuando se elaboren los presupuestos de 2014.