Sanidad continúa con el plan privatizador sin esperar a los tribunales

Los 14 días que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) tuvo paralizado el proceso de adjudicación de seis hospitales públicos no van a demorar el proceso de privatización. Así se lo ha propuesto el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, que hoy ha anunciado durante una rueda de prensa sobre otro tema —los dispositivos sanitarios en los pueblos en fiestas— que ya ha firmado la adjudicación definitiva de tres de los seis hospitales. El hospital Infanta Leonor, en Vallecas, y el del Sureste, en Arganda, ya tienen gestor privado: Ribera Salud. El del Henares, en Coslada, lo dirigirá BUPA Sanitas. El único concesionario que aún no ha formalizado el contrato es la empresa puertorriqueña Hima San Pablo, que se queda con tres centros: Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) y Tajo (Aranjuez).

Sanidad ha explicado este lunes que Hima se ha retrasado porque no opera en España, lo que alarga los trámites, pero que su firma también es inminente, durante esta semana. Antes de rubricar la adjudicación definitiva, las empresas deben aportar una garantía o fianza. La de Ribera Salud es de 11,7 millones de euros (7,9 por el Infanta Leonor; 3,8 por el del Sureste); la de Sanitas, cuatro millones. Hima deberá aportar 12,2 millones, según informó un portavoz de Sanidad.

Precisamente es el importe de la garantía lo que motivó que el TSJM paralizara el proceso en julio pasado al sospechar que Sanidad “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva” cuando, cuatro días de que finalizara el plazo de presentación de ofertas, redujo el importe del aval de 233 millones a cerca de 28, algo que había denunciado el Partido Socialista. Solo 14 días después esa misma sala aceptó el argumento de la consejería de que los socialistas no estaban legitimados para recurrir, levantó la suspensión y renunció a estudiar el fondo del asunto.

El Partido Socialista afirmó ayer que el Gobierno regional está “nervioso” y toma medidas “temerarias para vender los hospitales públicos saltándose incluso advertencias judiciales”. Su portavoz de Sanidad, José Manuel Freire, afirmó que aún no están resueltos todos los recursos judiciales pendientes y que “los tribunales han advertido a la Comunidad de que debía ser prudente y no avanzar en sus planes privatizadores hasta que no haya pronunciamientos firmes”.

También la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Madrid tildó de “maniobra apresurada” la formalización de los contratos “cuando todavía hay múltiples recursos judiciales pendientes” y acusó al Gobierno regional de querer “condicionar su resolución”. La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), con un recurso en el TSJM por el mismo motivo que el Partido Socialista, recordó que el tribunal aún no se ha pronunciado. “Lo que decida puede tener como consecuencia que todo lo que han hecho hasta el momento no tenga validez”, aseguró su portavoz, Fátima Brañas.