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La fiscalía pide 156 años para los 16 acusados por el caso de Sean Connery

Julián Muñoz y Juan Antonio Roca se enfrentan a cuatro y ocho años de cárcel

Muñoz y Roca, en el juicio por el 'caso Saqueo II'. Ampliar foto
Muñoz y Roca, en el juicio por el 'caso Saqueo II'. (efe)

La Fiscalía Anticorrupción reclama un total de 156 años de prisión para los 16 acusados del conocido como caso Goldfinger, que investiga la recalificación urbanística de la parcela de la casa de Sean Connery en Marbella y un supuesto fraude fiscal en la venta de las 72 viviendas que se construyeron después en este suelo. El exalcalde Julián Muñoz se enfrenta en este procedimiento a una petición de pena de cuatro años de cárcel por dos delitos contra la ordenación del territorio y uno de fraude. El exasesor urbanístico Juan Antonio Roca, considerado inductor de los mismos delitos y autor de otro de cohecho pasivo (recibir sobornos), se expone a ocho años de prisión. El escrito provisional del ministerio público acusa también, entre otros, a cinco exconcejales del GIL, a un empresario, a dos abogados, a otros tantos empleados de banca y a tres asesores fiscales.

El caso Goldfinger arrancó en 2007 tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción que incluía varios convenios con supuestas irregularidades de la época más salvaje del GIL con el ladrillo. En este procedimiento hay tres acuerdos urbanísticos que están en entredicho. Inicialmente se investigaba también un supuesto blanqueo de capitales, aunque el juez instructor, cuando ordenó continuar la causa contra estas 16 personas, hizo una pieza separada sobre este delito a la espera de los datos de una comisión rogatoria enviada a Uruguay.

La acusación, por tanto, distingue dos vertientes: las supuestas irregularidades urbanísticas y “los mecanismos” presuntamente ideados para evitar el pago de impuestos por la venta de los apartamentos y derivar dinero hacia el extranjero. Las sociedades implicadas son Malibú S.A., que era propiedad del matrimonio Connery y estaba representada por los dos abogados acusados, del despacho Díaz-Bastién de Marbella; y By The Sea, en manos también de los dos letrados. Uno de ellos se enfrenta a 34 años de prisión y otro, a 26 años. Sus peticiones de pena se sustentan principalmente en supuestos delitos contra la Hacienda Pública.

007 aguarda en silencio en Bahamas

Sean Connery y su mujer Micheline, retirados en Bahamas, fueron imputados en el caso Goldfinger en mayo de 2010. La pareja puso en venta su chalé de Marbella (Casa Malibú) a finales de la década de los 90, cuando decidieron abandonar la Costa del Sol huyendo del ladrillo del GIL, y ahí se encuentra el origen de los convenios por los que ahora acusa la fiscalía. Desde que se descubrió un posible nexo de los Connery con estos hechos supuestamente delictivos, el juez instructor ha intentado sin éxito tomarles declaración para saber si tenían conocimiento de lo que había pasado.

El magistrado, visto el resultado, fijó el pasado mayo un plazo de seis meses y advirtió de que si no hay respuesta a la comisión rogatoria enviada a Bahamas, tendrá que decidir si opta por dictar sendas órdenes internacionales de búsqueda y detención contra ellos. Se ha formado una pieza separada y el asunto ha continuado su trámite judicial al margen del actor y de su esposa. Para el instructor, existen indicios de la participación de los Connery, aunque también estima que "el control" lo tenían los dos abogados imputados en la causa. Por eso quiere escuchar su versión. Sin embargo, todo han sido "impedimentos" y no hay respuesta a los requerimientos judiciales.

Después de intentar otras vías que no dieron resultado, la primera comisión rogatoria se remitió a Bahamas en marzo de 2011 y a lo largo de este año se han hecho dos recordatorios a petición del juez, en marzo y en mayo. Si no hay cambios, el magistrado tendrá que decidir en noviembre si procede o no ordenar la búsqueda y captura de los Connery.

Según Anticorrupción, fueron Roca y estos abogados, junto al empresario acusado, quienes urdieron “la trama” para “beneficiar a los dueños de ambas entidades”. Uno de los convenios se firmó con Malibú S.A. y los otros dos, con By The Sea, que había adquirido la finca colindante a la de los Connery y que después se hizo también con el suelo del actor y de su mujer Micheline. El fiscal tacha esta sociedad de “opaca”.

La nueva configuración urbanística, con los solares agrupados, supuso “un notable” incremento de edificabilidad y, donde apenas se permitía la construcción de media docena de viviendas, se autorizaron finalmente 72 apartamentos. Los convenios, además, incluirían menos aprovechamientos urbanísticos para el Ayuntamiento de los que en realidad le correspondían y se habría realizado una tasación “a la baja” de su valor. Todo esto habría derivado en un supuesto perjuicio para las arcas municipales de 2,77 millones de euros.

Los acuerdos con Malibú y By The Sea fueron rubricados por Julián Muñoz (actualmente está en prisión y pendiente de las sentencias del caso Malaya y Saqueo II) y las licencias al proyecto básico y de ejecución se concedieron en sendas comisiones de gobierno en mayo de 2002 y en abril de 2003. En ellas, participaron los exconcejales acusados.

La fiscalía también cree que Roca, encarcelado desde su detención por el caso Malaya en marzo de 2006, iba a recibir como “contrapartida” a los supuestos favores prestados dos apartamentos del complejo Malibú, aunque su arresto “truncó” que pudiera disponer de las casas. Según el escrito de Anticorrupción, también habría existido una falsedad documental, con los dos empleados de banca implicados, para que Roca no figurara como beneficiario de los apartamentos.

Fue la sociedad By The Sea la que se encargó de la venta de las viviendas, un producto de lujo ubicado entre la Milla de Oro y Puerto Banús. La construcción del complejo se inició en 2002 y concluyó en 2005 y el precio de escritura de 69 de las viviendas (tres se las quedó la sociedad promotora) se elevó a 126,6 millones. Anticorrupción estima que la explotación de la promoción habría deparado más de 53 millones. Dada la enorme carga fiscal por estos “elevados ingresos”, los acusados vinculados a By The Sea idearon “un mecanismo defraudatorio” para evadir el pago de impuestos y “colocar” el dinero fuera del país. Por ejemplo, la sociedad habría declarado pérdidas “ficticias” relacionadas a la compra de Malibú S. A.