007, licencia para escapar

Unos reporteros del medio británico Daily Mail captaron en abril, hace apenas tres meses, a Sir Sean Connery paseando por Nueva York. Vestido de manera informal y cubierto en algunos momentos por una boina de estilo escocés, su aspecto era relajado. Buena planta, como siempre, aunque su apariencia ya revela que se acerca a los 83 años. Los cumplirá el 25 de agosto. Las apariciones del mítico James Bond han sido escasas desde que a mediados de 2010 confirmó que se retiraba de la interpretación después de toda una vida dedicada al oficio. Reside con su esposa, Micheline, en Bahamas (a 80 kilómetros al este de Florida), donde se instaló a mediados de los noventa huyendo de la Marbella del ladrillo de Jesús Gil. Pero en la Costa del Sol tiene un asunto pendiente: el caso Goldfinger.

El Juzgado de Instrucción Número 1 de Marbella intenta sin éxito desde hace casi tres años conocer su versión y la de su mujer sobre la venta de su casa marbellí, operación inmersa en un proceso penal en el que hay 17 imputados. Desde que en mayo de 2010 se descubrió el posible nexo de los Connery con el caso, este icono de la cultura británica, simpatizante del movimiento independentista escocés, se ha dejado ver poco. En junio de ese año fue homenajeado en el Festival de Cine de Edimburgo, donde se emocionó con la proyección de El hombre que pudo reinar (John Huston, 1975), una de sus mejores cintas. No reapareció hasta mayo de 2012, cuando dio el golpe de campana en la ceremonia de apertura de la Bolsa de Nueva York, que celebraba su 220º cumpleaños. En septiembre sorprendió en una rueda de prensa de Andy Murray cuando el tenista se clasificó para la final del Abierto de Estados Unidos.

El auto que ordena continuar el caso Goldfinger contra 17 personas —entre ellas, el exalcalde Julián Muñoz y el presunto cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca— hace un relato pormenorizado de los intentos, todos en vano, por contactar con los Connery. En la resolución, fechada a mediados de mayo, el instructor fija un plazo de seis meses y advierte de que si no hay respuesta a la comisión rogatoria enviada a Bahamas, decidirá si procede dictar sendas órdenes internacionales de búsqueda y detención contra ellos. El asunto queda sobre la mesa y se ha formado una pieza separada.

Casa Malibú es el origen del problema. La vivienda, ubicada en primera línea de playa entre la Milla de Oro más puntera y Puerto Banús, fue de Edgar Neville antes que de los Connery. El matrimonio descubrió Marbella en su época dorada, en la década de los setenta, cuando la alta sociedad de medio mundo se citaba en el ambiente exclusivo del Marbella Club. Buen clima, baños en el mar y bellos paisajes completaban el paraíso de Sean Connery en la Costa del Sol. Con frecuentes reuniones en casas de amigos, como lord Adrian Foley, y la práctica del golf, al que era muy aficionado. Una de sus compañías habituales era Lew Hoad, excampeón de Wimbledon, que tenía un club de tenis en el litoral malagueño.

El idilio del matrimonio con Marbella terminó durante la etapa de Jesús Gil y su urbanismo feroz. Una persona que trató al actor recuerda lo “enormemente” molesto que se sintió cuando Gil utilizó con fines partidistas un vídeo en el que Connery enumeraba las virtudes de la ciudad para su promoción. Pusieron en venta Casa Malibú a finales de los noventa, y de ahí emana el embrollo judicial.

El caso Goldfinger arrancó en 2007 tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción. Inicialmente se detectaron irregularidades en tres convenios urbanísticos para construir 72 apartamentos en dos parcelas colindantes en las que estaban autorizadas solo cinco casas. El primer convenio se firmó en enero de 2000 con Malibú, SA, propietaria del chalé de los Connery, y los otros dos, con By The Sea, sociedad que después se encargaría de la venta de las viviendas. Los acuerdos, firmados por Julián Muñoz, fueron presuntamente controlados por el despacho que llevaba los intereses de los Connery en Marbella y habrían sido negociados “a la baja” por Roca, con un perjuicio para las arcas municipales de 2,77 millones de euros. Es decir, que con la connivencia del Ayuntamiento marbellí ambas sociedades habrían obtenido unas condiciones de explotación urbanística de los terrenos a medida de sus intereses económicos.

La instrucción se centró después en un entramado societario a través del cual, supuestamente, se habrían canalizado los beneficios de la venta de las casas y se habría derivado dinero hacia cuentas en el extranjero. Durante el procedimiento se han enviado varias comisiones rogatorias, y una que fue cursada a Uruguay, que podría aclarar el destinatario final de los fondos, está sin responder. A la espera de recibir esa información, el instructor ha decidido separar la investigación sobre blanqueo de capitales.

Si la situación no cambia, el juez decidirá si opta por ordenar la búsqueda y detención de los Connery"

Para el juez, existen indicios de la participación del actor y de su mujer en esta red societaria, aunque parece tener claro que “el control” lo tenían los dos abogados del despacho imputado. Por eso quiere escuchar la versión de los Connery, para esclarecer cuál fue su intervención y si tenían conocimiento de los hechos.

Pero todo han sido “impedimentos”. El bufete de abogados investigado se desentendió de hacerles llegar la citación y se limitó a dar su dirección en Bahamas. En septiembre de 2010, el embajador de Reino Unido en España, Giles Paxman, ofreció por carta más detalles sobre el domicilio y trasladó “el ruego” de sir Sean Connery de conocer el contenido de la investigación. Una vía “infrecuente”, en opinión del instructor, que, sin embargo, no funcionó en sentido contrario, ya que el embajador rehusó cursar la petición judicial.

Un mes más tarde, al juzgado llegó una comunicación por fax de un despacho de abogados de Los Ángeles, con una carta del matrimonio en la que Connery se ofrecía a colaborar y declarar si recibía la comunicación por conducto oficial. Se mostró en términos “sumamente respetuosos” y planteó incluso la posibilidad de hacerlo a través de videoconferencia. Se optó entonces por una comisión rogatoria a Bahamas. Según fuentes jurídicas, la primera se envió en marzo de 2011 y este año se han hecho dos recordatorios a petición del juez, en marzo y en mayo. La respuesta, de momento, es el silencio. No hay noticias. Si la situación no cambia, el magistrado tendrá que decidir en noviembre si opta por ordenar la búsqueda y detención de los Connery.