El juez fija una fianza de 60 millones a los imputados del 'caso Goldfinger'

El juez Ricardo Puyol, que instruye el caso Goldfinger de blanqueo de capitales, en el que están imputados, entre otros, el actor escocés Sean Connery y su esposa, Micheline, ha reclamado una fianza de unos 60 millones de euros en concepto de responsabilidad civil. Según informó ayer la cadena SER, la veintena de imputados en la causa deberán reunir la cantidad en un plazo de 10 días, contados a partir de la notificación del auto, hecho ocurrido hace menos de una semana. El caso Goldfinger investiga la recalificación irregular de los terrenos en los que se asentaba la mansión Malibú, propiedad de Connery en primera línea de playa en Marbella (Málaga).

Entre los imputados en esta causa se encuentran el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, y el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, así como los abogados del despacho Díez Bastien y Truan. En caso de que los reclamados se declaren insolventes, el juez instructor, Ricardo Puyol, ha pedido a la Policía Judicial y a la Administración Estatal de la Agencia Tributaria que investiguen si los imputados o sus sociedades han efectuado operaciones de ocultación de patrimonio desde abril de 2009, fecha en que se inició la investigación.

Connery se benefició de la recalificación ilegal de su mansión de Marbella

De los 60 millones reclamados por el juez para hacer frente a la posible responsabilidad civil derivada de la causa, 48 corresponden a una sola sociedad mercantil constituida por el despacho de abogados, y otros 4,2 se imputan a otra sociedad del bufete. Además, el juez exige 7,2 millones por los tres convenios urbanísticos que permitieron construir en la finca 72 apartamentos de lujo en lugar de los cinco chalés previstos inicialmente. También se piden 929.000 euros que el juez estima que el consistorio marbellí dejó de ingresar en concepto de licencias de obra en la parcela de los Connery.

La venta de los apartamentos Malibú supuso unos beneficios de 53 millones de euros. De esta cantidad, 37 millones de euros fueron transferidos a cuentas en el exterior, especialmente a Reino Unido y Uruguay, a través del entramado societario creado por los abogados que llevaban los intereses económicos de Sean Connery en España.

El actor, de 80 años, y su esposa, de 81, fueron citados a declarar ante el instructor el pasado 15 de octubre. Sin embargo, el matrimonio no compareció tras alegar motivos de salud y falta de tiempo para preparar el viaje. El magistrado Puyol, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella, accedió a que la pareja preste declaración a través de una comisión rogatoria -una petición oficial- a las Bahamas, paraíso fiscal donde los Connery tienen su residencia.

Según un informe de la Agencia Tributaria, Connery y su esposa participaron, a través de un entramado societario, en la mercantil By the Sea SL, promotora de los apartamentos de la finca Malibú. La investigación del caso Goldfinger tiene su origen en una querella de la Fiscalía Anticorrupción en 2006 tras analizar un informe del Tribunal de Cuentas sobre convenios urbanísticos en Marbella durante el gilismo.