Artur Mas, víctima de su propia medicina

El 12 de abril del año pasado el Congreso de los Diputados aprobó la controvertida Ley de Estabilidad Presupuestaria. El texto pretendía ser un revulsivo a los permanentes ataques de los mercados a la deuda española y dar un mensaje de tranquilidad a Europa. Las administraciones de España, especialmente las autonomías rebeldes, pasaban a estar bajo vigilancia permanente para controlar su déficit. La ley se aprobó con una curiosa mayoría; la resultante de sumar los votos del Partido Popular, Unión Progreso y Democrática, y Convergència i Unió.

En las filas de los nacionalistas catalanes pocos imaginaban en aquel momento que esta ley podía acabar siendo la peor de las pesadillas del presidente Artur Mas. El texto establece una progresiva reducción del déficit de las administraciones hasta llegar al 0% en 2020. Las comunidades autónomas incumplidoras podían ser intervenidas por el Estado, además de quedar a merced de las inspecciones de los célebres hombres de negro. La toma de las riendas de la Generalitat por parte del Gobierno, que ahora se ve como un riesgo real, en aquel momento era considerado como algo descabellado por parte de los nacionalistas.

CiU presentó inicialmente una enmienda a la totalidad al texto porque entendía que se obligaba a las autonomías a recortar su déficit con mayor celeridad que a la Administración central. Sin embargo, en pocas semanas esta enmienda a la totalidad se convirtió en un voto favorable tras las negociaciones que mantuvieron personalmente Josep Antoni Duran Lleida y la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. Los nacionalistas argumentaron su cambio de posición en que el Gobierno modificó el texto. En concreto, ya no se obligaba a destinar a pago de la deuda el superávit que pudieran tener las administraciones en el futuro.

El voto favorable de CiU a la ley no tardó en levantar críticas en los sectores más soberanistas del partido. Éstos entendían que se había puesto en bandeja al Gobierno la posibilidad de una intervención real de la Generalitat. Algunos dirigentes de CDC consideran que Duran Lleida nunca debería haberse dejado convencer por el PP. De hecho, la pasada primavera CiU ya pidió una modificación de la ley que había contribuido a aprobar. Concretamente solicitó que los entes locales con superávit presupuestario, remanente positivo de tesorería y que no superen el límite de endeudamiento, puedan invertir este beneficio.

La ley de Estabilidad Presupuestaria no fue ni mucho menos la primera demostración de celo de los nacionalistas catalanes en materia de austeridad. Casi en paralelo a la ley española, y en plena luna de miel CiU-PP, el Parlamento catalán aprobó con el voto de los dos partidos una ley de Estabilidad propia aún más estricta: adelantaba dos años el cumplimiento de eliminar el déficit público estructural. O sea, que la Generalitat debía llegar a 2018 con un déficit máximo del 0,14%.