El PSM pide a los jueces que paren otra vez la privatización hospitalaria
El TSJM archivó un recurso previo de los socialistas sin entrar en el fondo del asunto
El PSM no da por perdida la pelea sanitaria. Ha iniciado un nuevo asalto después de que el Tribunal Superior de Justicia regional se desdijera hace diez días y permitiera seguir adelante con la privatización de seis hospitales públicos madrileños. Los socialistas han presentado un nuevo recurso en el que reclaman a los jueces que anulen este último paso y mantengan las medidas cautelares de urgencia que frenaban la actuación.
El pasado 24 de julio cuatro jueces admitieron los argumentos del Gobierno regional, que alegaba que los seis diputados socialistas que pidieron la suspensión del proceso —cada uno residente en una de las zonas de influencia de los hospitales— no representaban un “interés legítimo”. El PSM defiende que se trata de una acción de “ciudadanos” apoyada por el partido, según ha indicado el diputado socialista José Manuel Freire.
“Que se dé por bueno que ciudadanos afectados por la privatización no estén legitimados para recurrir y tampoco sus representantes políticos es algo que en democracia y en sentido común no entiende nadie”, ha señalado Freire en unas declaraciones difundidas este lunes por su partido.
El tribunal archivó el recurso pese a que los propios magistrados admitieron en ese momento que esta actuación no está prevista por la ley. Siguieron adelante con el proceso sin valorar el fondo del asunto, algo que ha impedido que la sala o los recurrentes hayan podido analizar con profundidad el expediente administrativo. Los socialistas denuncian que se ha producido una vulneración de la tutela judicial efectiva.
Libre concurrencia
El proceso de privatización ha sido recurrido por distintos colectivos sanitarios, sindicatos y partidos. El TSJM decretó el 10 de julio la suspensión cautelar de la adjudicación a tres empresas basándose en un cambio sustancial de última hora en los pliegos. Cuatro días antes de que expirara el plazo de presentación de ofertas, el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid publicó como corrección de errores un cambio en la garantía económica del 5% que debían presentar los adjudicatarios.
El dato pasó a ser “anual”, lo que supuso reducir cerca del 90% este aval, de 233 a 28 millones de euros. Este hecho, según reconocía entonces el tribunal, “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva”.
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