Un geriátrico de Ourense expulsa a un octogenario por no pagar la plaza

La hijastra del octogenario desalojado este sábado de una residencia en el municipio ourensano de Bande por no poder pagarla ha subrayado que él "no pide nada que no le corresponda y que no esté acreditado por ley" . María Alves ha explicado, en una entrevista a Europa Press, que su padrastro, Antonio Lopes Gonçalves, ha abandonado alrededor de las 14.30 horas de este sábado la residencia de Nuestra Señora de la Salud de A Peroxa, en Bande (Ourense), ya que había recibido un comunicado de la Fundación San Rosendo en el que se le informaba de que tenía como plazo hasta el 5 de agosto para dejar esta residencia.

Antonio Lopes había ingresado en este centro después de sufrir un infarto en diciembre de 2012 en virtud de un convenio entre la Xerencia de Xestión Integrada del Sergas y la Fundación San Rosendo. Gracias a este acuerdo, el octogenario vivió en la residencia de A Peroxa hasta este sábado, como ha indicado su hijastra. A pesar de que Antonio Lopes ha sido beneficiario de este convenio, él había pedido a la Xunta en enero de 2013, tras sufrir este infarto, una plaza pública de residencia como dependiente, pero le comunicaron que no había disponibilidad. Ante esta situación, el anciano debía esperar un período de tres meses para que se le asignase una ubicación. No obstante, como ha indicado María Alves, han pasado ocho meses y todavía no la ha recibido. La Fundación San Rosendo fue fundada y dirigida durante años por un sacerdote, Benigno Moure, condenado por apropiarse de la herencia de una anciana residente en uno de sus centros.

Tras sufrir el ataque, el anciano fue examinado por un neurólogo que, según ha señalado Alves, certificó que éste "no podía estar solo y que necesitaba ayuda para todo". Además, Antonio Lopes fue reconocido por un terapeuta de la Xunta que le otorgó un grado 2 de incapacidad y aseguró que "todavía podía comer por su propia mano y caminar algo".

María Alves ha explicado que ella no puede hacerse cargo de su padre porque es una "persona enferma operada de la columna" y que tiene que "ir a rehabilitación". Asimismo, ha admitido que la pensión de 524 euros que recibe su padrastro es, al finalizar el convenio de seis meses y sin ninguna ayuda de dependencia, insuficiente para costear la nueva cuantía que la residencia le pide, de 1.200 euros. Ante esta situación, Antonio Lopes envió una carta el 18 de julio en la que pedía que se modificase su programa individual de atención (PIA) para conseguir una libranza económica que le permita sufragar los gastos asistenciales. De momento,Alves ha explicado que un empresario de Bande, que regenta el bar Trébol, se ha ofrecido a cuidar y a dar de comer a su padre de manera gratuita hasta que reciba una plaza.

Por su parte, fuentes de la Consellería de Traballo e Benestar han indicado a Europa Press que, tras recibir esta carta, técnicos de la Xunta han empezado a trabajar en el caso para buscar una "solución adecuada". Sin embargo, el departamento que dirige Beatriz Mato ha puntualizado que antes tiene que pedir un informe de su situación a los servicios sociales de Bande.

Benestar ha indicado que, aunque el plazo habitual que los dependientes deben esperar para recibir una plaza pública es de tres meses, los de grado 3 tienen prioridad. Además, está limitado por su preferencia de ser instalado en una residencia de la provincia ourensana. En cuanto a la libranza económica, Benestar ha explicado que los técnicos siguen estudiando esta petición, que fue realizado por Antonio Lopes el 18 de julio.