El patrimonio desprotegido

Le ocurrió no hace mucho a una patrulla de la Guardia Civil cuando detuvo a un vecino de Sevilla que fue sorprendido expoliando un yacimiento arqueológico de Ciudad Real: “No me denuncien, deténganme”, les dijo el infractor a los agentes. Por sorprendente que parezca, el expoliador sabía muy bien lo que decía. La impunidad penal con la que casi siempre se despachan los ataques al patrimonio histórico es uno de los factores que ha alentado el resurgir de grupos y bandas especializadas. Y Andalucía, con más de 3.000 yacimientos arqueológicos catalogados, es uno de los lugares favoritos para los cacos, a los que anima un mercado negro que mueve millones de euros.

La detención esta semana de dos hermanos sevillanos —uno de ellos imaginero de profesión— acusados de haber esquilmado la Casa de la Provincia hispalense y numerosas iglesias de Andalucía y Portugal ha reabierto el debate sobre la desprotección del patrimonio histórico, muy especialmente el de los yacimientos arqueológicos, mucho más diseminado y menos vigilado.

En la misma operación, la Guardia Civil detuvo a seis personas en Alcolea del Río y Brenes  (Sevilla) que llevaban casi una década desvalijando yacimientos arqueológicos de Castilla-León y que habían sustraído un busto de mármol del emperador romano Marco Aurelio en una iglesia de León. “Esta banda empezó a operar en Sevilla y más tarde, conforme fueron conociendo el mercado negro, se fue expandiendo por otras comunidades”, apunta Jesús Gálvez, jefe del Grupo de Patrimonio Histórico de la Unidad Central Operativa (UCO).

Parece claro, pues, que los expoliadores no tienen fronteras. “Conocen bien la zona antes de perpetrar sus robos”, añade el comandante Gálvez. Los agentes sostienen que los saqueadores suelen contar con un intermediario que les compra la mercancía para, después, intentar introducirla en el mercado lícito con facturas falsas u otras formas de blanqueo. Otras veces, en cambio, la venta se hace directamente a coleccionistas nacionales e internacionales.

Uno de los expolios de este tipo que alcanzó mayor relevancia fue el de dos capiteles cordobeses de época omeya que acabaron en la sala de subastas Sotheby´s de Londres, aunque finalmente la puja (que llegó hasta las 70.000 libras) quedó desierta. En este caso, como en otros muchos, la principal dificultad de los investigadores es determinar el origen de las piezas. También el año pasado, agentes de la policía de Jaén recuperaron en Pedro Abad (Córdoba) dos estatuas de bronce del alto imperio romano que formaban parte del grupo escultórico de Castor y Pólux. La policía abortó la operación antes de la venta de estas piezas a un comprador italiano a través de intermediarios que operaban desde Jaén y Sevilla.

El Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil realiza cada año más de 500 actuaciones por expolios arqueológicos en el país y Andalucía está, junto con Valencia y las dos Castillas, entre las comunidades más afectadas. “En los últimos tiempos están aumentando las denuncias por el uso ilícito de los detectores de metales”, indica Jesús Gálvez. Se trata de un artilugio cuya adquisición es legal en España y sobre el que no hay ningún control administrativo. Solo se puede denunciar su utilización si se ha constatado su uso en una zona próxima a un yacimiento o con la intención de expoliar. La Guardia Civil ha detectado también la utilización de georradares en algún expolio.

Más desprotección sufren aún las pinturas rupestres, muchas de las cuales ubicadas en las sierras de Jaén, Granada y Almería fueron declaradas hace 15 años Patrimonio Mundial por la Unesco. “El principal daño viene de la mano del hombre porque no existe la suficiente concienciación para conservar un legado con más de 6.000 años de antigüedad”, explica Manuel Gabriel López Payer, doctor en Prehistoria de la Universidad Complutense y consejero del Instituto de Estudios Giennenses (IEG).