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Bidegi exige a su exdirector y a un empleado que devuelvan 28.000 euros

El departamento jurídico de la institución llevará a cabo "cuantas acciones crea necesarias"

La reunión ha servido para establecer la estrategia que seguirá Bidegi para esclarecer la situación. Por mayoría han aprobado que su departamento jurídico lleve a cabo "cuantas acciones crea necesarias para el esclarecimiento" del pago de esas facturas supuestamente sin recibo.  Además, ha acordado remitir el informe realizado por la empresa de asesoría al departamento foral de Hacienda y Finanzas para que proceda a realizar cuantas acciones administrativas considere necesarias. 

El pasado 27 de junio, la diputada de Infraestructuras, Larraitz Ugarte informó en las Juntas Generales de Gipuzkoa que el estudio de las facturas y de los gastos varios detectó que dos personas, el exdirector y un trabajador, habían cobrado respectivamente más de 10.000 y más de 18.000 euros sin justificar. El caso más llamativo es el de un empleado de Bidegi, cuyo cargo e identidad no reveló Ugarte, que firmó un contrato de relevo en el año 2006 por el que trabajaba el 15 % de la jornada y percibía un suelo de 800 euros mensuales. Durante los dos años en los que estuvo en esta situación este empleado cobraba cada mes otros 800 euros consignados como "gastos varios", que no están apoyados en ningún justificante. En total, durante dos años, este trabajador percibió 18.000 euros que no están debidamente justificados, al margen de su sueldo. El otro caso afecta al exdirector de Bidegi, Borja Jauregi, quien liquidó entre los años 2007 y 2008 más de 10.000 euros en concepto de gastos de desplazamientos que no estaban, según Ugarte, debidamente justificados. El informe también reveló la existencia de regalos y gastos personales pagados con dinero de Bidegi.

El consejo ha estudiado también los "contratos blindados" que firmaron directivos de Bidegi durante la legislatura anterior, que preveían indemnizaciones de 48 meses en caso de despido, El órgano rector de Bidegi ha decidido prohibir en el futuro este tipo de cláusulas "por ser contrarias al interés de la sociedad y al interés público.

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