Ander Rodriguez, a declarar
El fiscal Calparsoro reconoce que analizará la gestión completa del Consorcio de Residuos
El diputado foral de Política Social de Gipuzkoa, Ander Rodríguez (Bildu), tendrá que acudir a declarar ante la Fiscalía esta semana en relación con la denuncia interpuesta por la organización patronal Adegi.
Según ha informado a Efe el fiscal Superior del País Vasco, Juan Calparsoro, Adegi denunció al diputado foral por los presuntos delitos de "amenazas, coacciones e infracción de un derecho constitucional de la patronal".
Calparsoro ha incoado diligencias de investigación al respecto y ha citado esta semana a Rodríguez para así, tras escuchar sus explicaciones, valorar si existen indicios de delito en las palabras del responsable foral y, en ese caso, remitir la causa a la Fiscalía de Gipuzkoa, para que continúe con el proceso.
La patronal consideró que el diputado de Bildu quiso amenazar a las empresas del sector de las residencias y centros de día de atención a ancianos, en sus declaraciones vertidas en las reuniones que mantuvieron ambas partes con motivo del conflicto en torno al convenio colectivo.
Por otra parte, Calparsoro ha explicado que abrió diligencias de oficio sobre la deuda que ha supuesto la decisión de paralizar las obras de la incineradora del barrio de Zubieta de San Sebastián, "que hasta el momento se ha cifrado en 46 millones de euros, pero que puede llegar hasta los 60 millones", según los datos que maneja la Fiscalía. Ha explicado que tratará de "investigar todo el proceso", desde la norma foral aprobada en las Juntas Generales, que supuso "un plan de residuos que conllevó la construcción de una incineradora", cuyas obras se licitaron y adjudicaron, hasta la decisión de descartar la construcción de esa infraestructura, tomada por parte de los nuevos responsables de Bildu.
De esta manera, ha aclarado Calparsoro, la investigación analizará la actuación de los actuales responsables del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK), "como la de los anteriores", "desde el principio de legalidad y el interés social" que deben defender los fiscales.
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