4.000 folios para sentenciar Malaya

A la sentencia del caso Malaya, la presunta trama de corrupción creada alrededor del Ayuntamiento de Marbella, le queda la última hornada. Se conocerá en septiembre, previsiblemente durante la primera quincena, y sus cifras serán estratosféricas, como todo lo que ha rodeado a este procedimiento.

La resolución rondará los 4.000 folios, una extensión seguramente inédita en la historia judicial española, y ahora mismo está pendiente de los últimos retoques. Uno de ellos es el fallo. Es decir, fijar las condenas o absoluciones de los 86 procesados, apartado que se dejará para el último momento para evitar filtraciones.

El presidente del tribunal, José Godino, pretendía que la sentencia se hiciera pública antes del 31 de julio, antes del parón judicial de agosto y justo un año después del final de la vista oral que sentó en el banquillo de los acusados a los últimos alcaldes de Marbella antes de la disolución del Ayuntamiento, en 2006; a más de una docena de concejales; a un buen puñado de abogados y promotores (de los más conocidos de Andalucía); y a Juan Antonio Roca, el supuesto cabecilla de la red corrupta. El exgerente de Urbanismo, considerado por la Fiscalía Anticorrupción la persona que movía los hilos en el Consistorio marbellí, acapara entre un 20% y 25% de la resolución. Echando cuentas, unas mil páginas.

“Es preferible esperar”, se ha excusado Godino, que pretende que todo esté atado y bien atado y que los errores sean los mínimos posibles. De ahí el retraso a septiembre, pese a que se ha trabajado a destajo. El magistrado, que también es el ponente, no ha cogido vacaciones en todo este periodo, excepto alguna jornada de descanso, y en los últimos cuatro meses ha trabajado 14 horas diarias. Mañana, tarde y noche. Él está liberado para dedicarse en exclusiva a esta función, aunque sus compañeros de tribunal (Rafael Salinas y Manuel Caballero-Bonald) están incorporados a sus respectivas secciones de la Audiencia desde que terminó el juicio.

Los funcionarios de la Sala creada para enjuiciar la trama de Malaya, que quedará disuelta cuando la sentencia esté lista, también han doblado turnos. Se podría haber optado por ampliar el personal y agilizar las fechas, pero ha pesado la intención del tribunal de “evitar errores”, confiar el trabajo a un equipo conocedor al milímetro de todo el procedimiento y, otra vez, prevenir filtraciones. Godino tomó la decisión de posponer el fallo a septiembre hace solo dos días.

El magistrado mostró ayer la sentencia, aunque de su contenido no se desveló absolutamente nada. Los folios reposaban en cinco montones sobre la mesa del despacho del juez, tapados con hojas en blanco que prevenían visualizar una sola palabra sobre el fondo del asunto. Llegar hasta aquí ha sido una tarea “muy complicada”, ha afirmado.

Había operaciones concretas en las que se han calificado varios supuestos delitos y lo juzgado ha sido una trama “compleja”. “Ha sido difícil deshilvanar todo y luego volver a reconstruirlo”, ha argumentado el magistrado. La sentencia está hecha. Además del fallo, solo falta revisar una parte y elaborar una especie de índice o guía para agilizar su lectura, algo que han reclamado algunos abogados y que también es inaudito en una resolución judicial.

El caso Malaya estalló en marzo de 2006 y fue el primer gran caso de corrupción municipal destapado en España. El juicio arrancó el 27 de septiembre de 2010 con la fase de cuestiones previas (se resuelven en 150 páginas en la sentencia) y se desarrolló a lo largo de 199 sesiones, hasta el 30 de julio del año pasado. Anticorrupción pide para los 86 procesados (la fiscalía retiró la acusación después del juicio contra nueve personas) cerca de 490 años de cárcel y unos 3.800 millones de euros de multa. Roca, que está en prisión, se expone a 30 años de reclusión. La incógnita se despejará en septiembre.