Inercia, arbitrariedad y partidos

Las inercias son difíciles de vencer. Es una obviedad constatar que es más gratificante dejarse mecer por la corriente que nadar a la contra. La acomodación a lo establecido permite que haya mayor eficacia ejecutiva a la hora de vetar a un magistrado del Tribunal Constitucional para tomar parte en los debates sobre el Estatuto catalán —por haber escrito un informe para la Generalitat— que cuando por simple ética se debe apartar a todo un presidente del Alto Tribunal que en su día ocultó al Senado su militancia en un partido político.

La inercia del statu quo también hace que sea más fácil justificar el salario de 800.000 euros del presidente de una caja —o echarle la culpa de la mala gestión de esa entidad a la crisis— que explicar cómo una familia de cuatro miembros de Móra d'Ebre —a la que ha desahuciado esa misma caja por una deuda de 1.200 euros— debe sobrevivir con 426 euros al mes.

El discurso político dominante tiende a situar en el desierto las razones que asisten a las voces críticas que ahondan en subrayar la arbitrariedad. Ese fenómeno que se da en el mundo judicial y en el socio-económico es perfectamente trasladable al universo político.

Los partidos confunden con frecuencia las críticas severas con el populismo, afirmando que aquellas pueden desembocar en la judicialización y el desprestigio de los políticos. Los exégetas del estado de cosas y las formaciones políticas defensoras de este estado de cosas no se interrogan sobre su responsabilidad por haber generado normas y comportamientos que permiten que la arbitrariedad campe por sus respetos.

El informe de Agustí Colom cayó en el PSC como las vísperas sicilianas en la casa de Anjou.

Como ejemplo reciente, quizás para evitar males mayores y preservar la paz social, esta semana tres partidos del Parlament (CiU, PSC y Esquerra) han decidido de nuevo ampararse en esta corriente y vetar el reingreso en la Sindicatura de Cuentas de Agustí Colom, un economista propuesto por Iniciativa, que en su día resultó extraordinariamente impertinente con el Tripartito y con CiU, que ya es mucho tentar.

En 2010, como síndico explicó en un informe que en el Hospital Moisés Broggi del Baix Llobregat había alrededor de 10 millones de euros sin justificar y que la desviación presupuestaria del centro de nueva construcción era de casi tres millones de euros. La auditoría apareció en las postrimerías del segundo Tripartito, cuando el entonces presidente de la Generalitat, el socialista José Montilla, se aprestaba a cortar la cinta del centro sanitario en plena precampaña. Era la perla de la corona de su mandato y en su feudo, el Baix Llobregat. Ni que decir tiene que el informe cayó como las vísperas sicilianas en la casa de Anjou.

El otro desafío a la máxima de seguir la corriente, también perpetrado por Colom, proviene del llamado caso Crespo. Xavier Crespo (CiU) era alcalde de Lloret de Mar (2007-2011) cuando percibió más de 200.000 euros procedentes de fondos públicos por su actividad médica, lo que supone una clara incompatibilidad dada su condición de edil. Ese informe también lo elaboró Colom, pero en este caso, al contrario de lo que sucedió con el del Hospital Moisés Broggi, el resto de la Sindicatura de Cuentas lo rechazó. Sin embargo, la fiscalía del Tribunal de Cuentas decidió, a la luz de unos datos que desconocía, abrir una investigación al respecto cuando este diario publicó la polémica auditoría en mayo del año pasado.

En los dos casos el poder partidista, bien a través de la Generalitat, bien de la Sindicatura de Cuentas, sopesó seriamente hacer lo que tanto critica: judicializar el asunto llevando al mensajero a los tribunales. Pero también en ambos casos sus impulsores debieron caer en la cuenta de que su reacción era un ejercicio de autojustificación obviamente inútil.

En democracia las instituciones deben estar sometidas a crítica y fiscalizadas sin cuartel, lo que ha de visualizarse especialmente en épocas de crisis. Es una de las pocas armas compensatorias contra la arbitrariedad, esa que permite en la Cataluña del siglo XXI que un parado pierda la prestación de desempleo por haber hecho un remiendo, mientras que algunas instituciones financieras amparadas por el secreto bancario puedan no facilitar al juez los justificantes de adónde fueron a parar, por ejemplo, 9,6 millones de euros del caso Palau.