El Consell pagará los 250 millones de ayudas a la vivienda aunque prescriban

Una de cal y otra de arena. La Plataforma de Afectados por las Ayudas a la Vivienda “está bien atendida” por la consejera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig. La Generalitat debe unas cantidades y “va a abonarlas”. Es más, “se ha planteado la posible prescripción de las ayudas, pero la Generalitat no contempla ningún tipo de prescripción. Esas ayudas, aunque haya transcurrido el plazo que marca la ley para la prescripción, van a pagarse”.

El vicepresidente José Ciscar respondió así, tras el pleno del Consell de este viernes, a las reivindicaciones de los afectados por el impago de las subvenciones a la vivienda, que reclamaron el miércoles la destitución de Bonig y una entrevista urgente con el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para que impida la prescripción y garantice un calendario de pago. La Generalitat debe unos 250 millones de euros en ayudas a la vivienda concedidas desde 2007 a unas 50.000 familias.

Ciscar justificó también, a preguntas de los periodistas, la orden que prohíbe recetar medicamentos a enfermos crónicos desplazados de otras comunidades en el sistema sanitario valenciano. Según el vicepresidente, no se trata de una medida de “ahorro”, ya que existe un mecanismo de compensación de este tipo de servicios entre comunidades autónomas, por lo que “no hay gasto adicional para la Comunidad Valenciana”.

Ciscar, sobre el futuro del expresidente Camps: “Dios dirá”

Según el portavoz del Consell, se pretende “facilitar las cosas” a los pacientes que vayan a pasar sus vacaciones en territorio valenciano, a quienes se pide que traigan sus recetas de origen. Si no acreditan su enfermedad crónica, argumentó Ciscar, el médico tendrá que hacer pruebas diagnósticas que pueden “causar molestias a las personas que están de vacaciones”.

El Gobierno valenciano, que aprobó ayer el anteproyecto de ley de pesca en ríos y lagos, así como un decreto que crea una plataforma electrónica denominada Ge-Compras para gestionar por Internet licitaciones de la Administración autonómica y reducir así los costes que conllevan, está convencido de que el consejero de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, no será imputado.

Ciscar afirmó que la asociación contra la corrupción que denunció a Castellano por los contratos con el empresario Taroncher, y que también ha presentado denuncias contra el propio Fabra, tiene “una intencionalidad política”. Lo revela, en su opinión, “una focalización muy determinada” de las denuncias en dos miembros del Consell y el hecho de que haga “cosas muy extrañas que no tienen mucho sentido”, como cambiar tres veces de domicilio en poco tiempo o llevar las denuncias a la fiscalía en Madrid, cuando se presentan contra cargos valencianos.

Niega que el ahorro lleve a prohibir recetas a enfermos crónicos desplazados

El vicepresidente no quiso responder si cree que tras la asociación está Rafael Blasco, exconsejero apartado del Grupo Popular en las Cortes Valencianas tras su procesamiento en el caso de las ayudas de cooperación. “No tenemos constancia de ninguna persona en concreto”, se limitó a decir.

Sobre la situación de Francisco Camps cuando se cumplen dos años de su dimisión como presidente de la Generalitat acechado por el caso Gürtel, el portavoz del Consell recordó que hoy por hoy es diputado autonómico del PP y miembro del Consell Jurídic Consultiu, cargos en los que va a seguir. Ciscar, que puntualizó que solo puede hablar del presente, añadió lacónicamente: “Respecto del futuro, Dios dirá”.