Bildu intenta endosar al PNV el escollo judicial de la incineradora

La decisión del fiscal superior de Euskadi, Juan Calparsoro, de abrir diligencias informativas para determinar si en la gestión de la incineradora de Zubieta se ha podido cometer un delito de prevaricación o de malversación de caudales públicos, ha provocado una cascada de reacciones de casi todos los partidos con representación en la provincia. Todo han sido parabienes a la iniciativa de la Fiscalía, que analizará la gestión al frente del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa (GHK) tanto de los anteriores responsables, el PNV, como de los actuales, Bildu. Pero la coalición abertzale tiene claro a quién señalar.

“Algunas personas que han tenido responsabilidades forales en la anterior legislatura o en GHK tendrán que ir buscando abogado y preparando su patrimonio para posibles eventualidades”, ha lanzado Joxean Agirre, en representación de EH Bildu, en una rueda de prensa en San Sebastián.

En la misma línea, aunque las actuaciones de la Fiscalía llegan tras el anuncio de la suspensión de las obras de la incineradora, bajo mandato de Bildu, ha insistido la Diputación de Gipuzkoa. La institución “está totalmente tranquila”, ha declarado la portavoz foral, Larraitz Ugarte, en una entrevista radiofónica. Ugarte ha defendido la gestión de los actuales responsables de GHK y añadió que “habría que ver si la anterior gestión ha sido igualmente responsable”.

Calparsoro no tiene previsto de momento tomar declaración a nadie

Calparsoro, según ha explicado a este diario, solicitará a GHK el expediente administrativo y las auditorías de la incineradora, así como otros documentos e informes “que estén relacionados con los hechos. Una vez recopilada toda la información arrancará la investigación”, que determinará si se ha podido cometer un delito de prevaricación o de malversación de caudales públicos, como ha adelantado hoy El Diario Vasco, por los costes que está acumulando la infraestructura.

“Lo que me genera inquietud es el coste, estamos hablando de millones de euros que pueden ser un perjuicio para el bolsillo del ciudadano”, ha explicado Calparsoro, que además ha aclarado que podría “tomar declaración a alguna persona”. Un extremo que el fiscal todavía no tiene previsto.

La incineradora de Zubieta se adjudicó a finales de la pasada legislatura por 223 millones de euros, más otros 50 por la explotación y mantenimiento de la planta durante cinco años. Las obras de la infraestructura se paralizaron en cuanto Bildu llegó al poder, contra el criterio de los principales partidos de la oposición en la provincia (PNV, PSE y PP). Tras la decisión de suspender la ejecución de las obras queda en el aire cuál será la cuantía que la Administración deberá abonar a las cinco empresas adjudicatarias por las indemnizaciones que reclamen. Además, GHK denunció a dos entidades bancarias por los créditos swap que fueron contratados para la ejecución de las obras y que obligan, según denunció la responsable del organismo en su día, Ainhoa Intxaurrandieta, a pagar 400.000 euros mensuales de intereses aunque la infraestructura se halle paralizada, lo que puede suponer unas pérdidas adicionales de 60 millones.

Desde el PSE han recordado que “desde el inicio de la legislatura” la formación ha advertido de “las graves consecuencias de abandonar los compromisos contractuales, jurídicos y financieros” que podría acarrear la paralización, en primer lugar, y ahora la suspensión de la incineradora.

“Nos alegramos de que haya sentido común y valoramos la decisión de la Fiscalía. Cualquier actuación que esclarezca los costes será bienvenida”, ha apuntado el PP.