Las facturas impagadas de Gallardón cuestan 20 millones más por intereses

El Ayuntamiento de Madrid ha tenido que abonar en el primer semestre 20,7 millones de euros en intereses de demora por el retraso de hasta nueve meses con el que pagaba las facturas el anterior alcalde y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP). El Ayuntamiento había reservado en su presupuesto de este año una partida de sólo 30.000 euros para abonar intereses de demora, de forma que ha tenido que sacar el dinero del fondo de contingencia para gastos no previstos, que contaba con 24,8 millones y ha tenido que ser renovado con otros 11,9 millones adicionales (que han salido del sobrante del pago de nóminas del primer semestre).

Gallardón dejó la alcaldía en diciembre de 2011 con casi 17.000 facturas impagadas por un valor de 1.017 millones de euros. El Ayuntamiento fue rescatado por el Gobierno central (PP) con un plan de pago a proveedores que permitió dejar esa cuenta a cero. Eso fue en verano de 2012; el pasado 31 de diciembre, el Ayuntamiento, regido ahora por Ana Botella (PP), volvía a deber 993 millones en facturas impagadas. Aparte, tiene una deuda financiera de 7.430 millones con los bancos por todas las obras llevadas a cabo por Gallardón entre 2003 y 2011.

Con el dinero que le prestaron gracias al plan del Gobierno, el Ayuntamiento abonó el verano pasado esos 1.017 millones de euros en facturas pendientes... pero no los intereses de demora que las empresas le exigían por tardar hasta nueve meses en rendir cuentas cuando la ley le obliga a hacerlo en 30 días. Este año va a tener que pagar casi 21 millones por este motivo, pero en 2012 ya hubo de abonar otros tres millones por el mismo motivo. Entonces, su reserva para hacer frente a esos pagos era de 70.000 euros. Este año, pese a ese precedente y otros similares en ejercicios anteriores, rebajó esa dotación a 30.000 euros.

El Partido Socialista de Madrid, que lidera en el Ayuntamiento Jaime Lissavetzky, considera que el Gobierno local ha obrado en contra de la doctrina del Tribunal de Cuentas, que obliga a usar el fondo de contingencia únicamente para “gastos imprevistos”, y no por tanto para abonar gastos que “pudieron y debieron preverse y planificarse” en los presupuestos. El Gobierno municipal esgrime en cambio que "los intereses de demora no se presupuestan mientras están siendo discutidos por las partes; y si hay un procedimiento judicial, pasan años antes que haya sentencia".

En opinión de Lissavetzky, Botella “no incluyó esos gastos en el presupuesto para ocultarlos y cuadrar mejor las cuentas”. Destaca además el líder socialista la “gravedad” de la “mala gestión” que supone acumular casi 21 millones en intereses de demora por facturas impagadas.

El número dos del área municipal de Hacienda, Luis Martínez-Sicluna, ha explicado que la partida más importante de esos intereses de demora, abonada en marzo por orden judicial, sumaba 10,8 millones y se correspondía con la construcción del estanque de tormentas de Arroyofresno, los servicios de limpieza viaria del distrito de Salamanca, y la recogida de basuras en la zona periférica de la ciudad, que corre a cargo de Fomento de Construcción y Contratas.