La Junta pide al PP que se sume a la petición de moratoria en los desahucios

Turbio debate en el Parlamento andaluz sobre el decreto autonómico de la función social de la vivienda que el Gobierno central ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), ha instado a los populares a que apoyen la petición de moratoria que ha lanzado la Junta a las entidades bancarias para que los desahucios se paralicen durante los próximos cinco meses, el tiempo que tiene el Constitucional para decidir si levanta o no la suspensión cautelar del decreto.

"¿Van a apoyar la moratoria? ¿Sí, no o abstención?", ha preguntado Cortés desde la tribuna a la popular Alicia Martínez. La portavoz parlamentaria del PP en asuntos de Vivienda ha asentido desde su escaño. Pero fuentes de este partido han matizado luego que no se apoya de momento esa moratoria. "Habrá que estudiarla", han añadido.

PSOE, IU y PP se han lanzado trapos sucios cuando han hablado del decreto contra los desahucios paralizado. En las intervenciones de los partidos de la izquierda los protagonistas han sido el extesorero popular Luis Bárcenas y los empresarios que supuestamente realizaron donaciones al PP. Para Inmaculada Nieto, de IU, el Gobierno central ha decidido recurrir esta norma tras la llamada de un "pez gordo de la derecha económica" reclamando la paralización del decreto. 

La respuesta de Alicia Martínez ha ido por los mismos derroteros. En su opinión, IU está deslegitimada en este asunto, ya que el vicepresidente Diego Valderas "se aprovechó de un desahuciado para ampliar su vivienda", en referencia a las informaciones que aputaban a que el ex coordinador regional de la coalición compró en la década de los noventa del siglo pasado un piso embargado por un banco.

Respecto al futuro del decreto, la consejera Cortés  ha insistido en que la Junta tiene intención de "perseverar" para que Andalucía sea "un territorio libre de desahucios", aunque no ha aclarado las alternativas que está manejando su departamento ante la paralización del decreto. Lo que sí están haciendo ya PSOE e IU es tramitar una ley sobre vivienda en el Parlamento regional que recogerá las aportaciones de la norma suspendida tras el recurso en el Constitucional.