Sanidad suprime las recetas a los enfermos crónicos desplazados

Se acabó venir a veranear a la costa valenciana con una enfermedad crónica y pedir recetas al médico de atención primaria. La Consejería de Sanidad, mediante una resolución vigente desde el 1 de julio, obliga a los médicos y al personal sanitario a exigir a los pacientes crónicos desplazados durante un periodo “inferior de 90 días”, es decir, menos de tres meses, a traer la medicación necesaria para su tratamiento o, en su defecto, las correspondientes recetas validadas en su autonomía de origen.

La medida cogió por sorpresa a un paciente de 80 años residente en Córdoba, que vino a Alicante por un mes para visitar a su hijo, pero ha decidido quedarse unos días más. “El médico me ha dicho que no me receta, pero yo necesito todos estos medicamentos”, se quejó este enfermo que sufre hipertensión y tiene otras dolencias.

El personal sanitario consultado por EL PAÍS admite que en la provincia de Alicante la medida está “causando estragos” debido al elevado número de residentes de avanzada edad procedentes de otras comunidades, especialmente de Madrid, Asturias o País Vasco. La mayoría de ellos tienen su segunda residencia en alguna localidad turística de Alicante, y a partir de ahora, deberán prever la cantidad y el tipo de medicamentos que necesitarán para tratar su enfermedad.

Fuentes de la Consejería de Sanidad explican que la nueva orden supone que los enfermos crónicos de otras comunidades autónomas que vayan a venir a la Comunidad Valenciana a estar menos de 90 días, fundamentalmente turistas, deberán a partir de ahora “traerse la medicación que vayan a necesitar o las recetas de dicha medicación” desde su Comunidad de origen. El objetivo fundamental es ahorrar en gasto farmacéutico.

Sin embargo, el argumento oficial que esgrime la Generalitat es que si estos turistas vienen “sin la receta, el médico valenciano debería repetir las pruebas para confirmar que verdaderamente tiene esa enfermedad crónica”. Con esta medida se evitarán “riesgos o fraudes, de unas pruebas innecesarias”, según Sanidad.

No obstante, la orden no es estricta. Si no traen ni la medicación ni la receta, se les exige un informe clínico de su médico de cabecera de su comunidad de origen que “acredite que tengan esa enfermedad y que precisan ese tratamiento”. Algunos médicos consultados admiten que están recetando “aunque no debamos”, pero consideran “inmoral” dejar sin medicamentos a estos pacientes “desinformados”.

Sanidad recuerda que este sistema ya se ha implantado en varias Comunidades Autónomas, como en Castilla-La Mancha donde su presidenta, María Dolores de Cospedal, ya lo viene aplicando desde hace más de un año.

Según datos de la consejería, en 2012 los facultativos valencianos formalizaron a residentes de fuera un total 323.067 recetas, lo que supuso un gasto de 4,5 millones de euros, tanto para enfermos crónicos como para el resto. Por comunidades el mayor número de recetas se suscribieron para pacientes procedentes de Murcia (90.105), Madrid (87,865), País Vasco (44.589), Castilla-La Mancha (31.362) y Cataluña (21.894). El importe en gasto farmacéutico más elevado superó el millón de euros el año pasado en Murcia y en Madrid.