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SECTOR NAVAL

La sanción por las ayudas a los astilleros podría quedar limitada de 2007 a 2011

El Gobierno vasco informa de que este giro en el informe ha sido acordado ya en Bruselas

El Gobierno vasco ha asegurado que los jefes de gabinete del Colegio de Comisarios europeos han propuesto que la devolución de las ayudas fiscales al sector naval se calcule desde 2007 a 2001 y no desde 2005, como estaba previsto, lo que "reducirá bastante" la cuantía a pagar.

Fuentes de la Presidencia del Gobierno vasco han señalado a Efe que esta propuesta ha sido acordada en Bruselas en una reunión preparatoria de la que celebrará este miércoles el Colegio de Comisarios europeos, aunque será este órgano el que adopte la decisión definitiva, que puede ser modificada.

Fuentes de la Comisión Europea (CE) han señalado al respecto, desde Bruselas, que no hacen comentarios y que no se hablará del tema hasta que se adopte la decisión este próximo miércoles.

Los jefes de gabinete de los comisarios europeos han reducido por lo tanto dos años el periodo sobre el que se aplicaría la devolución de estas ayudas, conocidas como tax lease, y además se exoneraría de devolver ese dinero a los astilleros y a los armadores.

Urkulu pide por carta a Almunia que no se tengan que efectuar esas devoluciones

Tampoco tendrían que devolver las ayudas todos los inversores, sino únicamente los transformadores, según han indicado fuentes del Gobierno de Iñigo Urkullu.

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La fecha a partir de la que debe producirse el reembolso ya no sería la del 2005, sino a partir de la comunicación al Gobierno de Francia de la ilegalidad de las ayudas concedidas por ese país con un mecanismo similar al español, resolución que se comunicó a finales de abril de 2007.

El Gobierno vasco considera que esta propuesta es "mejor" que la postura que mantenía el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, aunque han asegurado que harán lo posible en el escaso margen de tiempo que queda hasta el miércoles para tratar de que la decisión que finalmente se adopte sea lo menos lesiva posible para los astilleros.

Han puesto de relieve que el lehendakari, Iñigo Urkullu, ha hablado con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien a su vez ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de la Comisión Europea (CE), José Manuel Durao Barroso, en la que le ha pedido que haya una decisión "justa" y "ajustada" a este problema.

El lehendakari ha enviado además hoy una carta a Almunia en la que le pide que no se tengan que efectuar esas devoluciones por las "irreparables consecuencias" que tendría para la industria de la construcción naval y "para el conjunto de la economía y el empleo".

Le recuerda que si la devolución de las ayudas afectase a todos los inversores -como se proponía hasta ahora- entre ellos hay unos "50 pequeños y medianos inversores a los que una decisión de devolución abocaría a una declaración de insolvencia".

"Los astilleros y la industria auxiliar sufrirían en mayor medida las consecuencias ya que a su actual situación de nula cartera de pedidos deberá sumarse la incapacidad de formalizar futuros contratos por falta de financiación", advierte Urkullu a Almunia.

También le explica que el sector de la construcción naval en Euskadi "lleva muchos años compitiendo en condiciones de desventaja, absorbiendo costes económicos y sociales derivados de los diferentes procesos de reestructuración, y operando en el mercado con unos costes financieros superiores", de ahí que su situación sea "doblemente injusta" y sus consecuencias "desproporcionadas".

Insiste en que hay "argumentos legales de peso" para extender "los principios de confianza legítima y seguridad jurídica" hasta el año 2011 y pone de relieve que debe darse "validez jurídica" a la carta de la predecesora de Joaquín Almunia como comisaria de la Competencia, Neelie Kroes, que acreditó que el tax-lease contaba con el beneplácito de Bruselas.

Por ello apela a su "voluntad política y responsabilidad", así como a la del resto de miembros del Colegio de Comisarios para que se imponga "el sentido común y el espíritu constructivo que los países y regiones integrantes de la UE esperan de sus instituciones".

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