Bruselas se inclina por que los astilleros devuelvan las ayudas desde 2007

La Comisión Europea se plantea matizar su posición respecto a la devolución de las ayudas a los astilleros. Ahora el organismo que dirige José Manuel Durão Barroso se inclina por que ese apoyo recibido a través de bonificaciones fiscales, conocidas como tax lease, se devuelvan desde 2007, y no desde 2005 como se ha planteado hasta ahora. Este giro tendrá que confirmarse el próximo día 17, cuando el Ejecutivo comunitario tiene previsto tomar una decisión definitiva.

Entre tanto, el Gobierno español sigue moviéndose para evitar la devolución de ayudas. El presidente Mariano Rajoy ha telefoneado este lunes a Barroso. Según ha explicado el propio Rajoy en la rueda de prensa junto con el primer ministro polaco, Donald Tusk, se ha centrado en pedir a Bruselas que dispense a España de la obligación de recuperar las ayudas a los astilleros entre 2005 y 2011, que superan los 2.000 millones de euros.

El jefe del Ejecutivo ha subrayado que la UE debe entender que sus decisiones deben ser “justas” y “ajustadas a las realidades de los países y de los pueblos de Europa”. “En este sentido, defender un sector estratégico como el naval es una obligación de la UE y de sus instituciones, y así se lo he pedido una vez más al presidente Barroso”, ha explicado Rajoy.

El Ministerio de Industria alegó ante la Comisión la “inacción" de Bruselas sobre el régimen fiscal español, vigente desde 2002, e incluso el apoyo de la excomisaria de Competencia, Neelie Kroes, en una carta de 2009. Sin embargo, el vicepresidente de la Comisión y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, rechazó la semana pasada los argumentos presentados por el Gobierno y anunció que seguirá adelante con su propuesta de pedir a España que recupere las ayudas fiscales a los astilleros. Almunia decidió, no obstante, eximir de la obligación de devolver las ayudas tanto a los propios astilleros como a los armadores que compraron los barcos. Solo deberán reembolsar las subvenciones los inversores que financiaron la construcción.

No obstante, tanto el Gobierno español como el sector consideran que estas excepciones son insuficientes porque, de condenarse a los inversores, los astilleros españoles no volverán a encontrar financiación y se pondrán en riesgo 87.000 puestos de trabajo. Soria reclamó a Almunia que las únicas ayudas que tengan que recuperarse sean las del periodo posterior a 2011, cuando Bruselas comenzó a investigar el sistema español.