El Consell intenta acotar el descontento tras fracasar el pacto social

“El Gobierno valenciano tiene unas líneas rojas en materia de sanidad, educación y bienestar social que no vamos a sobrepasar”. El Consell repite la frase como un mantra para recalcar que, ni los servicios básicos ni los funcionarios que los prestan volverán a ser objeto de unos recortes tan duros como los efectuados en los dos últimos años.

Tras un último año cargado de tensión, el Consell parece haber acotado parte del malestar, aunque a costa de renunciar a algunas de sus propuestas estrella como la privatización integral, no asistencial, del sistema sanitario valenciano. Una medida que se incluyó en el plan de estabilidad de la Comunidad Valenciana y que se tuvo que abandonar ante el temor a una nueva marea ciudadana de protestas. El consejero de Sanidad, Manuel Llombart, se ha centrado, desde entonces, en reducir el gasto farmacéutico —sin acumular muchos meses de retraso en los pagos para no enfurecer a los boticarios—, mejorar el funcionamiento de las centrales de compra y en congelar la partida destinada a personal evitando cubrir las jubilaciones y acotando la carrera profesional.

Donde no se han detenido las reformas ha sido en el sector educativo, uno de los más combativos socialmente. La consejera de Educación, María José Catalá, ha conseguido romper la unidad de acción de los sindicatos docentes e imponer reformas estructurales para aumentar el peso de la educación concertada y privada en detrimento de la pública. La consejera, que muchos ven como una apuesta segura de futuro, ha implantado los distritos únicos, ha ampliado a la concertada las becas de comedor, ha facilitado la cesión de suelo público a empresas privadas a cambio de conciertos educativos y ha roto varios tabúes, como el modelo lingüístico —para dar entrada al inglés en detrimento del valenciano—, la ratio de alumnos —que aumenta— o el cambio en la regulación de los interinos —que también han sido suprimidos—; además de lidiar con un nuevo mapa de titulaciones universitarias.

En materia de dependencia, Fabra se ha escudado tras los recortes del Gobierno, mientras la consejera Asunción Sánchez-Zaplana ha intentado ofrecer una cara amable a los distintos colectivos, evitando llevar las tensiones presupuestarias al límite.

En una situación de tanta agitación social, el presidente de la Generalitat ha tenido que renunciar al gran pacto social que prometió en su discurso de Año Nuevo para canalizar las demandas de los valencianos en materia de financiación, infraestructuras y defensa de los servicios sociales y la imagen de la Comunidad Valenciana.

La falta de apoyos de toda clase de colectivos, que acumulan impagos de meses o años, ha hecho que Fabra guardase el proyecto en el cajón en espera de mejores coyunturas.

Otra propuesta estrella del jefe del Consell, como la idea de trasladar la festividad de San José o el 9 d’Octubre al lunes más próximo, sencillamente han terminado en el cesto de los papeles ante la sublevación del colectivo fallero o el rechazo frontal de oposición y colectivos ciudadanos.

Tampoco ha habido mejor suerte con el intento de vender grandes infraestructuras como el aeropuerto de Castellón o la Ciudad de la Luz de Alicante, que siguen siendo una patata caliente. Aunque, por ahora, el Consell intenta completar el proceso de reestructuración del sector público valenciano, que se juega gran parte del éxito en el resultado del expediente de regulación de empleo de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). Una empresa que tiene el reto de completar el despido en las próximas semanas de los 1.200 empleados previstos sin ir al fundido en negro y sin que los tribunales declaren improcedente el ERE.