La transparencia, esa cosa

Ahora resulta que la transparencia —o sea, la honradez y su ejercicio visible— necesita ser puesta en una ley para ser efectiva. Pero ni siquiera eso —una ley— garantiza nada, como al parecer ocurrió con la Ley de Incompatibilidades, promulgada por el Ejecutivo de Felipe González tras los últimos casos de corrupción, pero aplicada, por cuestiones cronológicas —es de 1995, y Aznar ganó las elecciones un año después— por el nuevo Gobierno del PP. En esa etapa, Mariano Rajoy fue ministro de Administraciones Públicas entre 1996 y 1999, convertido en máximo garante del cumplimiento de esa Ley de Incompatibilidades. Si las afirmaciones y las pruebas documentales de Luis Bárcenas son ciertas, el hoy presidente del Gobierno no fue muy eficaz; y habrá que dilucidar, para bien de la tranquilidad ciudadana, su posición en esa trama de dobles pagos, en metálico o no. O en una caja de puros, como se afirma que lo recibía el propio Rajoy.

Mientras crece el escándalo y desde el Gobierno se acusa a los periódicos —ya no solamente a uno— de difundir falsedades, se quiere sacar adelante una Ley de Transparencia que nos hace presentir un desarrollo no muy distinto al que tuvo aquella Ley de Incompatibilidades. Desde Moncloa se afirma que el presidente “no tiene que responder a las acusaciones de un preso”. Analicemos las características del “preso” y su vinculación con el líder popular. Dejando a un lado que Rajoy ha sido dirigente del PP desde hace dos décadas, con lo que algo debía de conocer, fue en 2008 cuando, como presidente del PP, nombró tesorero del partido al entonces gerente y senador Luis Bárcenas. Después, cuando el 8 de abril de 2010 Bárcenas se vio obligado a dimitir por el caso Gürtel, Mariano Rajoy agradeció públicamente la “magnífica gestión” del ya extesorero. A partir de entonces, se le mantuvo su sueldo mensual de 20.000 euros —no está mal, para estos tiempos austeros de recortes en becas y en la sanidad pública— y su despacho en Génova, hasta hace poco, cuando se nos anunció su “despido en diferido”.

Vemos, entonces, que Bárcenas no es un “preso” más, porque Rajoy le confió las finanzas del partido gobernante. Siempre había estado ahí, desde los tiempos de la liberalización del precio del suelo —ley de 1998—, del crecimiento económico por la construcción y su progresiva burbuja inmobiliaria. En los últimos años, según el Tribunal de Cuentas, nada menos que dos millones y medio de euros anónimos se recibían en Génova anualmente. Y siguiendo el rastro del dinero, hemos llegado aquí, a su posible contraprestación: con esa cercanía, resulta demasiado inverosímil creer que el primero ministro, y luego presidente del PP, ignorase las andanzas económicas de su antes gerente, y después tesorero —nombrado por él—, y también que Bárcenas controlaba las adjudicaciones públicas de las Administraciones gobernadas por el PP, para favorecer a esos simpatizantes que donaban al partido, puntualmente, más de 6.000 euros diarios.

Ahora, mientras se trata de articular una fantasmagórica Ley de Transparencia, sabemos que el presidente del Gobierno no va a comparecer, mientras González Pons acusa a los partidos de izquierda de bajarse de la ley “por sus propios escándalos de corrupción”. Claro que todos los casos de corrupción han de ser estudiados, juzgados y condenados. Pero andar ahora a vueltas con la Ley de Transparencia, manoseándola, cuando ya ni siquiera podemos aspirar a la comparecencia “plasmática” de Rajoy, sin derecho a preguntas, es de un cinismo máximo y, también, muy transparente.

Mariano Rajoy nos ha aclarado que tenemos que hablar de “cosas importantes”. Como a veces no entiendo del todo sus sofisticados juegos de palabras, imagino que se refiere, entre otras, a la propia transparencia, reivindicada hoy, como también lo fueron la austeridad y la incompatibilidad de sueldos en 1996. Sabíamos de la tendencia a la opacidad de este Gobierno, sin escuchar a la ciudadanía en tantas decisiones; pero no se puede maniobrar, también, de espaldas a la legalidad. La gente ya no cree en la política: la ve como un problema, y está en juego la propia democracia como sistema de representación. Pero como el PP tiene mayoría absoluta en el Parlamento, Rajoy pasa de largo, y a otra cosa. Sin duda, muy importante.

Joaquín Pérez Azaústre es escritor.