La Sindicatura de Comptes revisará las ayudas a la vivienda del Consell

El comienzo del fin de una pesadilla. La Sindicatura de Comptes revisará las ayudas a la vivienda de la Generalitat en el próximo informe anual de fiscalización, correspondiente al ejercicio 2012, que entregará en diciembre a las Cortes Valencianas, según han confirmado este jueves fuentes de la institución. Se trata de atender a una solicitud de 660 personas, que están entre las 50.000 familias a las que el Gobierno autonómico debe 250 millones de euros referentes a esta ayuda.

Estas familias compraron y alquilaron sus viviendas con las subvenciones de la Generalitat, que desde 2008 hasta este año tiene aprobado un presupuesto de 375 millones de euros para el programa. Dónde está este dinero es lo que se preguntan. Algunas se ven afectadas por el impago del llamado “cheque vivienda”, además de las ayudas al alquiler y a la rehabilitación de inmuebles, desde 2009, corriendo el riesgo de que estas subvenciones prescriban pasados cuatro años desde que fueron notificadas. Además, ante la imposibilidad de pagar las hipotecas a los bancos, estas familias sufren también la amenaza de ser desahuciadas.

Reunidas en la plataforma de afectados de ayudas a la vivienda de la Comunidad Valenciana, empezaron a exigir de la Generalitat el reconocimiento de la deuda y un calendario de pagos. Según asegura el colectivo, las cantidades pendientes oscilan de los 4.000 a los 19.000 euros y la Generalitat ya “expidió cheques sin fondos”.

La orden de la consejera de Infraestructuras, Isabel Bonig, de destinar un millón de euros “para atender a personas en situación de especial vulnerabilidad” causó indignación entre los afectados. Más de 200 personas se manifestaron ante la Sindicatura de Comptes el pasado 1 de julio y registraron en el organismo fiscalizador 660 solicitudes para que incluya en su programa anual la elaboración de un informe sobre lo ocurrido con las ayudas desde 2008. Tras reunirse con la plataforma Valenciana, el Síndic Major de Comptes, Rafael Vicente Queralt, finalmente se comprometió a esa auditoría.

La Plataforma ha calificado de “grandísima noticia” para los afectados por los impagos el compromiso de la Sindicatura, y han expresado su deseo de que el informe sea “concluyente y exija al Consell la adopción de medidas directas y rápidas que merecen” las familias.

Por otra parte, la plataforma ha criticado la “falta de voluntad” de la Generalitat para pagar la deuda y atender otras demandas, como una garantía por escrito de no prescripción a las familias afectadas, el reconocimiento de la deuda, el pago inmediato por orden de prelación y que no se convoquen nuevas ayudas hasta que se paguen estas.

Fuentes de la plataforma han explicado que se reunieron esta semana con el Director General Vivienda, Vicente Dómine, que alegó que la falta de medios económicos imposibilita atender a las peticiones planteadas, según han asegurado.

La plataforma ha precisado, además, que la orden extraordinaria de un millón de euros aprobada para casos extremos “solo representa el 0,4% de la deuda” y es “una migaja que solo afectará a cien familias”.

“Todos juntos vamos a cambiar esta injusticia”, ha finalizado.