El fiscal pide a Alaya que fije la declaración de los cargos imputados

La Fiscalía Anticorrupción urge a la juez Mercedes Alaya a fijar un calendario "razonable" de declaraciones en el caso de los ERE. Hace una semana la magistrada imputó a 20 altos y exaltos cargos de la Junta de Andalucía y dos altos funcionarios pero de momento solo uno de ellos, el ex interventor general Manuel Gómez sabe que debe comparecer el próximo 25 de julio. El resto está a la espera de conocer cuándo podrán acudir al juzgado para rebatir la tesis de la juez, que estima que los altos cargos, entre ellos la exministra Magdalena Álvarez, colaboraron para sostener el procedimiento por el que se pagaron los ERE durante una década (2001-2010), y que Alaya ve ilegal.

Anticorrupción ha insistido a Alaya en varias ocasiones durante el último año para que pise el acelerador y los imputados acudan cuanto antes a declarar, pero la prolongada baja por enfermedad de la juez el pasado invierno y las numerosas vías de investigación y operaciones policiales, han mermado el ritmo de la causa judicial. "La necesidad de avanzar en la instrucción de la presente causa garantizando adecuadamente los derechos y garantías de todos los imputados hasta la fecha", remarca Anticorrupción en su escrito del pasado lunes. El fiscal argumenta que al dar prioridad a las declaraciones, la juez podrá aclarar cuanto antes los delitos que imputa a los altos cargos, ya que todos ellos y la Junta andaluza han criticado a Alaya por anunciar las imputaciones sin concretar con profusión de detalles los delitos que les achaca.

En su escrito, la fiscalía subraya la sobrecarga de trabajo que sufre el juzgado y la complejidad del caso, pero pide el calendario para lograr "un avance ordenado y sistemático" del caso, que ya acumula 93 imputados. El ministerio público hace un repaso por sus anteriores escritos, preñados de diligencias que desde 2011 Alaya ha ignorado o pospuesto por no considerarlo una prioridad para la causa. Anticorrupción recuerda su petición del pasado enero para que la Guardia Civil y la Intervención General aporten sus informes elaborados sobre el procedimiento del fondo de los ERE a través de las transferencias de financiación, cuestionadas por Alaya.

Además, en dicho escrito la fiscalía pidió que los auditores de la Cámara de Cuentas que censuraron el fondo, comparezcan también en esta tanda que investiga la rama política. "Con el objeto de ratificar, aclarar o ampliar la documentación obrante en autos en relación con los trabajos de fiscalización realizados por el equipo técnico de la Cámara de Cuentas", reza el escrito. El fiscal subraya que después del auto de Alaya sobre los altos cargos imputados, "las diligencias ya interesadas adquieren si cabe una mayor relevancia", recuerda.

Mientras, Anticorrupción ha decidido no recurrir el auto de Alaya ante la Audiencia de Sevilla, por lo que a priori considera necesario avanzar en esta vía para aclarar la legalidad del procedimiento del fondo. Si alguno de los imputados decide finalmente recurrir el auto de Alaya, es posible que la Audiencia no se posicione sobre si el procedimiento que incluyó las transferencias de financiación es legal o ilegal. Ya en el recurso del exconsejero Antonio Fernández presentado hace un año, la Sección Séptima de la Audiencia respondía que no se podía afirmar que el procedimiento era "ilegal" y pedía prudencia a la espera de los avances de la investigación y los informes técnicos que se fueran a aportar durante la instrucción.