Políticos perseguidos

La Causa General ha vuelto. Lo dice el dirigente del PP Carlos Floriano. Lo repite el vicesecretario general del PSOE andaluz, Mario Jiménez. Lo piensa el presidente de la Generalitat, Artur Mas. Todos ellos se sienten víctimas indefensas de una gran campaña de la justicia. Por eso, sin el más mínimo rubor utilizan la expresión Causa General, epígrafe bajo el cual el franquismo persiguió con saña a reales o imaginarios autores de hechos delictivos cometidos en “todo el territorio nacional durante la dominación roja”. Nuestros políticos no dudan en parangonarse con los republicanos, a los que el franquismo acusó, persiguió y ejecutó con las pruebas y garantías propias de una dictadura.

¿Qué lleva a los políticos a establecer semejantes paralelismos? Los años cuarenta están muy lejos. El ministro de Justicia es Ruiz-Gallardón y no Eduardo Aunós. Ese era el titular de la cartera en los años cuarenta, un insigne catalán que tenía claros los vínculos entre la autoridad política y la fiscalía y que siguió, por cierto, variada trayectoria: pasó por las juventudes mauristas y luego la Lliga de Cambó para acabar recalando en Falange Española y en el Consejo de Ministros del dictador, desde donde escribió su prólogo a la Causa General. La situación es, a la vista está, bien distinta. Pero algunos de nuestros políticos se sienten como unos republicanos cualesquiera bajo el franquismo: víctimas indefensas de una gran y poderosa campaña.

Carlos Floriano, preso de santa ira, denunció hace unos días la indefensión del PP ante el caso Gürtel-Bárcenas, porque parte de la “premisa insidiosa” de que las adjudicaciones de obras y contratos desde las instancias del poder del PP se produjeron “como consecuencia de las donaciones recibidas”. Pero así figura en los asientos contables manuscritos por Bárcenas, quien como una hormiguita, euro a euro, llegó a almacenar 48 millones de euros en Suiza. A la Causa General contra el PP, tan enérgicamente denunciada por Floriano, se unió en cuestión de semanas la “persecución” contra el PSOE andaluz. Mario Jiménez, vicesecretario general de la formación, así lo explicó al afirmar que la juez del caso ERE intenta trasladar a la opinión pública a través de sus autos una “causa general contra los Gobiernos de Chaves y Griñán”. “Empieza a ser intolerable la coincidencia entre la agenda del PSOE-A y los pasos que está siguiendo la instrucción”, sentenció. Es extrañamente sospechoso que se dicten autos cuando los socialistas andaluces están en pleno proceso de primarias. El fraude del caso ERE (fondos por más de 700 millones euros) podía esperar momentos más políticamente propicios, a pesar de las cinco advertencias de la intervención de la Junta de Andalucía, desde 2003, porque el mecanismo subvencionador empleado era totalmente irregular e incumplía las leyes.

Artur Mas también se ha sentido tan perseguido como sus compañeros españoles de profesión. Aquí no hay hecho diferencial que valga. El fiscal del caso Palau sugirió la existencia de un “pacto criminal” entre CDC y Ferrovial por el que la formación nacionalista percibió supuestamente 6,6 millones de euros en comisiones por adjudicaciones de obras de la línea 9 del metro y la Ciudad de la Justicia. Mas criticó al fiscal por acusar “sin pruebas” y por apoyarse en “puras suposiciones”, ya que la “palabra de la fiscalía no es la palabra de Dios”. A pesar de los informes de la Agencia Tributaria, estamos ante otra conspiración contra hombres que sirven a la sociedad y son maltratados por el Estado de derecho.

Por eso cobran actualidad palabras como las pronunciadas esta semana por el abogado defensor de Maria Antònia Munar, la exlíder de Unió Mallorquina, arrollada por la brutalidad de la justicia por una tontería urbanística: “Esto es un proceso inquisitorial premoderno”. El prestigioso penalista José Antonio Choclán sabe bien de lo que habla, porque es también el abogado de Francisco Correa, principal implicado en la trama Gürtel, y de él partió la iniciativa posmoderna de impugnar las escuchas telefónicas que desembocaron en la inhabilitación del inquisitorial juez Baltasar Garzón. Triste destino el de algunos políticos. Tantos desvelos por la comunidad para acabarse viendo obligados a elegir entre Nicolau Aymerich o Eduardo Aunós.