El Consejo de Estado ve “fundamentos” para recurrir el decreto de vivienda

El Gobierno central tiene sobre la mesa una invitación de la Junta para negociar el decreto antidesahucios y un dictamen del Consejo de Estado que le respalda para recurrir la norma andaluza ante el Tribunal Constitucional. Tendrá que decidir en los próximos días qué camino toma, pero todo indica que optará por recurrir, ya sea por el camino corto (presentando el recurso antes del próximo viernes) o por el largo (aceptar la negociación, pedir a la Junta que retire los puntos clave y, cuando el Gobierno andaluz se niegue, llevar igualmente el decreto al Constitucional). Fuentes citadas por Europa Press, aseguraron que el Gobierno recurrirá sin convocar la comisión bilateral.

Lo cierto es que aunque la decisión estaba tomada y aprobada por el Consejo de Ministros antes de que se pronunciara el órgano consultivo, con la resolución del Consejo de Estado el Gobierno no puede hacer otra cosa que recurrir, a no ser que la Junta aceptara eliminar los aspectos que contra los que carga el Gobierno, una hipótesis que descarta la Junta.

El Consejo de Estado considera que existen “fundamentos jurídicos” para presentar un recurso de inconstitucionalidad tanto contra el decreto como contra los cambios que introduce en el artículo 1.3 de la Ley reguladora del derecho a la vivienda en Andalucía. El órgano consultivo es contundente y critica, sobre todo, la decisión de la Junta de impedir que haya viviendas vacías: “No parece constitucionalmente admisible que una comunidad autónoma pueda, en ejercicio de una competencia sectorial, determinar el concreto alcance del derecho de propiedad de viviendas, alterando con ello el contenido esencial que hasta ahora ha tenido, al imponer a los titulares de tales viviendas un deber de destinarlas a un uso determinado”, recoge el texto, según han informado fuentes del Ejecutivo central.

El Consejo de Estado considera que la Junta “innova” en el “contenido esencial” del derecho de propiedad al incluir “un deber hasta ahora inexistente”. “A juicio de la propuesta, no puede la comunidad autónoma llevar a cabo esta operación de definición del contenido esencial del derecho de propiedad al amparo de sus competencias en materia de vivienda y urbanismo, por tratarse de un derecho de naturaleza civil que, como tal, entra dentro del ámbito competencial que en materia de legislación civil reserva al Estado el artículo 149.1.8 de la Constitución”, afirma.

El texto alude también al impacto que puede tener en la banca la expropiación temporal del uso de sus viviendas. “La regulación prevista (...) puede, ciertamente, incidir en la normal operatividad de las normas estatales que disciplinan la ejecución de los créditos hipotecarios y perturbar con ello el sistema de ejecución hipotecaria, sin que exista base competencial alguna”.

La Consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU), ha insistido en tender la mano al Gobierno para evitar al Constitucional. El temor de la Junta es, sobre todo, la previsible paralización cautelar del decreto cuando el alto tribunal admita a trámite el recurso. “El decreto es justo socialmente, plenamente constitucional y con todas las garantías para su despliegue”, sostuvo Cortés. Su departamento, mientras espera noticias de Madrid, sigue aplicando la norma y ayer publicó en el BOJA dos nuevas expropiaciones temporales, esta vez, en Málaga.

La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, salió también en defensa de la medida andaluza y acusó al Gobierno central de lanzar “una ofensiva para desacreditar” a la Junta. “Lo que plantea el decreto es lo que toda la ciudadanía está pidiendo” afirmó Colau.