El ‘síndic’ dice al juez que las obras del Sant Pau no debieron adjudicarse a dedo

Las obras de construcción del nuevo hospital de Sant Pau —que costó 217 millones— no debieron adjudicarse a dedo, sino mediante concurso público. Ésa es la tesis que ayer defendió Andreu Morillas, síndic de la Sindicatura de Cuentas de Cataluña, en su declaración como testigo ante el titular del juzgado de instrucción número 22 de Barcelona, Emilio Vila Mayo, que ha imputado a diversos exresponsables del centro por malversación de fondos públicos. El juez también investiga otras irregularidades, como presuntos contratos ficticios y sobresueldos.

Morillas ratificó el informe que hizo público la Sindicatura el pasado enero, en el que detallaba que las obras estaban “faltas de transparencia y publicidad”. Del coste total, añadía el texto, 38,5 millones se destinaron a pagar gastos derivados del retraso en las obras: liquidación de intereses e indemnizaciones, entre otros. Las obras comenzaron en 2000 y acabaron en 2009, con tres años de retraso. Algunos contratos complementarios se firmaron sin “informes justificativos” sobre su necesidad.

En su informe, síndic apuntaba ya que las obras debieron haberse licitado siguiendo la ley de contratación del sector público. Ayer, ante el juez, lo dejó aún más claro. Las tres primeras fases de las obras —un total de 105 millones— se adjudicaron de forma directa. A partir de 2004, con la entrada en vigor de la normativa sobre contratación pública, los gestores del hospital descartaron el modelo privado: a la última fase de las obras concurrieron siete aspirantes.

El Sant Pau lo gestiona una fundación mixta integrada por la Iglesia, la Generalitat y el Ayuntamiento. Pese a ser un centro privado, el hospital se nutre de fondos públicos, de ahí la necesidad de adjudicarlo por cauces públicos desde el primer momento, defendió Morillas.

El síndic afirmó que, de haber hallado alguna ilegalidad, la habría puesto en conocimiento de la fiscalía. Pese a las irregularidades administrativas, no detectó pagos injustificados ni duplicados, ya que las facturas emitidas que estudió se correspondían con el pago de las obras. El síndic matizó, no obstante, que se limitó a analizar las cuentas y que no indagó dónde pudo ir a parar el sobrecoste de las obras.

El próximo 24 de julio declarará ante el juez , como imputado por malversación y prevaricación, el exdirector del Instituto Catalán de la Salud (ICS), Josep Prat, que formó parte del patronato en representación de la Generalitat. También lo hará, el mismo día, el exgerente del hospital Josep Antoni Grau. Ambos debían haber declarado esta semana, pero pospusieron sus comparecencias. En su declaración del miércoles, Jordi Colomer —que fue gerente del hospital hasta 2007— admitió que detectó “caos” en la gestión de las obras, que acumulaban, dijo, un desfase presupuestario de 70 millones.

El pleno del Parlament aprobó ayer, con el apoyo de todos los grupos salvo la CUP, una moción que insta al Gobierno catalán a dotar al hospital de Sant Pau de un plan de viabilidad que asegure su sostenibilidad. La moción pide que se garantice la continuidad de la actividad del hospital sin mermar su calidad asistencial. El texto también insta al ejecutivo a asegurar que todos los rendimientos del patrimonio legado durante siglos al hospital se dediquen a la función asistencial. También propugna que se fijen más mecanismos de transparencia y control para que el hospital sea gestionado por profesionales, y no cargos políticos. La fundación que gestiona el Sant Pau acumula 50 millones de deuda y su cúpula directiva dimitió en bloque hace unas semanas.