La ley de adultos arranca con las ayudas bajo mínimos

El anteproyecto de la nueva Ley de Educación de Personas Adultas y del Aprendizaje a lo largo de la vida ha sido aprobado por el Consell pocos días después de acabar el plazo de solicitudes en la convocatoria de ayudas más exigua desde la publicación de la ley vigente, y ahora en vías de extinción, de 1995. Con una dotación de 1.598.000 euros para corporaciones locales y entidades sin ánimo de lucro que desarrollan la educación de adultos, los recursos para este fin quedan lejos de la dotación de la convocatoria de 1995, y aún más el techo alcanzado en 2008 con 3.390.985 euros. Pep Aparicio, portavoz de la Mesa para la Formación de Personas Adultas, que aglutina a distintas entidades y sindicatos relacionadas con ésta, añade que los Ayuntamientos no han recibido “ni un euro de las ayudas de 2011 y 2012”.

 El secretario autonómico de Educación, Jaume Carbonell, reconoce los méritos de la anterior ley pero justifica que “las necesidades de la sociedad valenciana han cambiado”. Destaca que la nueva ley amplía y prioriza la oferta de programas dirigidos a la obtención de una certificación, un título o competencia en idiomas, “que faciliten el acceso a un empleo”, es decir, la empleabilidad. Pep Aparicio, también en la Mesa de Agentes Sociales, afirma que más que una nueva ley, “lo que se necesitaba era desarrollar la existente, interrelacionar los distintos sistemas formativos y poner recursos”.

La aprobación del anteproyecto de ley por parte del Consell es el inicio de una tramitación que permitirá modular el proyecto, tanto en su paso por los órganos consultivos como por las Cortes Valencianas. Otro eje novedoso de la nueva ley, añade Carbonell, es potenciar la enseñanza a distancia, creando una nueva modalidad de carácter “semipresencial”. Asimismo, distingue entre centros específicos, “donde exclusivamente se desarrollará educación de personas adultas” y centros ordinarios, donde se impartirán enseñanzas formales, que “conducen a la obtención de un certificado o titulación académica oficial no universitaria”, como son el bachillerato o enseñanzas de idiomas. Carbonell asegura que con esta estructura “no tiene por qué verse afectado el profesorado actual” y que se aprovecharán mejor los recursos existentes. Además, aprovechando centros ordinarios, como los institutos de secundaria, y con la enseñanza on line, “se descentralizarán las enseñanzas”.

Para Joan Pérez, jefe de estudios del centro de adultos Giner de Los Ríos de Alicante, con más de 1.800 alumnos matriculados durante este curso, y miembro también de la Mesa, esta estructura, sin embargo, “se carga el modelo vigente”, puesto que “poco tiene que ver la enseñanza de personas adultas con la de niños o jóvenes en edad escolar”, explica, aunque se persiga la obtención de títulos equivalentes. Defiende, por tanto, la especificidad de la formación de adultos.

La nueva ley prevé mantener dos órganos preexistentes: la Comisión Interdepartamental, con funciones de coordinación y promoción en la materia, y el Consejo de Educación de Personas Adultas, de carácter consultivo. Pep Aparicio critica que el primer órgano ya existía y apenas se ha reunido 10 veces en los 18 años de vigencia de la ley actual y el segundo hace un año y medio que no se reúne. En la actualidad, hay 247 centros de Educación de Adultos, de los que la mayoría son públicos y de titularidad municipal, y atienden una matrícula de entre 80.000 y 90.000 alumnos y alumnas, según las cifras oficiales. La Comunidad Valenciana posee la red de centros y profesorado de educación de adultos más amplia del Estado, según los datos del ministerio.