El juez de Gürtel imputa a cuatro cargos más por amañar contratos

El caso Gürtel sigue siendo un agujero negro para el PP y el Gobierno valenciano cuya profundidad resulta imposible de estimar. Un día después de que el juez José Ceres enviara al banquillo a dos diputadas autonómicas que fueron consejeras con el expresidente Francisco Camps —a una la fiscalía le pide 11 años de cárcel y a la otra, 10 de inhabilitación— trascendieron otras cuatro imputaciones de antiguos cargos de la Generalitat.

Todas ellas están relacionadas con el fraccionamiento de contratos e irregularidades similares que habrían tenido como fin conceder sin competencia numerosos contratos a empresas de la trama corrupta. El primero de los nuevos imputados es Juan Miguel Bellver, que era director general de la empresa pública de Medio Ambiente Vaersa en 2004, cuando se concedió un contrato de 119.000 euros (más IVA) a la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, Orange Market.

Vaersa pagó la mitad del dinero, que debía servir para realizar una campaña de sensibilización del contenedor amarillo. Orange Market no hizo nada. Y la empresa pública nunca pidió el reembolso de los fondos.

El juez imputa a Bellver “porque del contenido de su propia declaración” como testigo “pueden existir indicios racionales bastantes para su participación en los hechos”. Derivado, en parte, “de las manifiestas contradicciones en las que incurrió”, “tanto en lo relativo a su papel en la decisión de la contratación como en posteriores actuaciones para la resolución del contrato”. Contra el exdirector de Vaersa pesa también la declaración de otro de los imputados, Antonio Santo Juan, jefe de área en Vaersa, “que intervino personalmente en la gestión de esta contratación”.

Están acusados de partir contratos para concedérselos sin competencia a la red

El magistrado se apoya igualmente en la declaración de otros excargos para imputar a Enrique Navarro, que fue secretario autonómico de Familia hasta diciembre. El juez ve indicios de que Navarro tuvo una “intervención relevante y decisiva” en la contratación de distintas empresas de la trama Gürtel para los actos Balance General (23.514 euros), Violencia de género, tolerancia cero (20.952 euros) y Punto Final (23.759 euros). Se celebraron entre 2006 y 2007 y, según la Intervención General del Estado, fueron troceados para adjudicarlos sin competencia.

El juez menciona que para imputarlo ha tenido en cuenta las declaraciones de Clara Abellán, exdirectora de la Mujer, así como del “jefe de prensa, la secretaria general administrativa y el jefe de sección de Coordinación Administrativa” que entonces trabajaban en la Consejería de Bienestar Social.

Enrique Bort, jefe de gabinete técnico de la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva), queda imputado por “facilitar, direccionar”, y participar presuntamente “en alteraciones relevantes” del procedimiento de contratación que eligió a Orange Market para realizar un vídeo sobre parques empresariales por 69.600 euros.

El cuarto imputado, por el mismo contrato que Bort, es José Manuel Vidal, que era empleado de Orange Market “aunque también fue alto cargo en algunas consejerías”. Vidal, a quien el juez atribuye “negociaciones y contactos posiblemente irregulares” con funcionarios para hacerse con el contrato, pasó por varios departamentos de la Generalitat. Incluido el gabinete del expresidente Víctor Campos, condenado por aceptar regalos de la red.