Trias acepta errores en los desalojos de los subsaharianos del Poblenou

Uno de los mayores dolores de cabeza del Gobierno barcelonés que lidera Xavier Trias (CiU) es el del chabolismo en el Poblenou. El próximo 18 de julio se realizará el desalojo de la nave de la calle de Puigcerdà donde viven y trabajan más de un centenar de subsaharianos que se dedican a recoger chatarra. Una decisión judicial que pone en jaque al asentamiento irregular más grande de Barcelona y dejará sin techo a cientos de personas. El tema fue tratado ayer en el pleno del Ayuntamiento, donde el alcalde dijo que respetará el mandato del juez pero se comprometió a “actuar mejor” que en otros desalojos y garantizó la atención social a los afectados.

Una docena de los subsaharianos que viven en Puigcerdà y varios miembros de la red de entidades que les prestan apoyo asistieron a la sesión y deplegaron una gran pancarta que decía Derechos humanos cuando el presidente del pleno Joan Puigdollers (CiU) anunció el ruego de ICV-EUiA pidiendo que Trias parara el desalojo hasta que encontrara una solución para la situación de los habitantes de la nave, muchos sin papeles.

Ricard Gomà, el líder ecosocialista, criticó la decisión judicial por considerar que prima el derecho a la propiedad sobre los derechos humanos. Desde enero, la Cruz Roja realiza una labor humanitaria en la nave. Muchos de sus habitantes provienen de edificios que han sido desalojados o han sufrido incendios.

Trias se comprometió a que el Ayuntamiento actúe “mejor” durante el operativo del desalojo del día 18 del próximo mes. En enero, varios subsaharianos que habitaban un local en la calle de Sancho de Ávila denunciaron el uso desmedido de la fuerza y de gases lacrimógenos. “Lo haremos mejor que en la calle Badajoz [otro de los asentamientos]. Es una experiencia triste que hemos vivido”, aseguró el alcalde, que también dijo que defiende dar permisos de trabajo temporales a los sin papeles hasta el día de su expulsión.

En el pleno también se aprobó, gracias a los votos de PP y Unitat per Barcelona, la operación para crear una empresa público-privada para administrar los 26 aparcamientos más rentables del centro de la ciudad por 25 años. 11 de ellos son de BSM y la nueva empresa sería 40% pública.

El PSC se opone a la operación porque considera que no es buen momento para vender, pues los ingresos de aparcamientos van a la baja. Se prevé que hasta 2023 la sociedad mixta no recuperará el ingreso máximo obtenido en los aparcamientos entre 2007 y 2012. Los socialistas también objetan que la nueva empresa pueda endeudarse desde su conformación con hasta 67 millones.

El alcalde respondió una pregunta del PP sobre si acatará las mayorías, como se comprometió: “Cumpliré pero tampoco me tiraré por la ventana”.