El ‘síndic’ acusa al Gobierno de usar datos “falsos” para descalificarlo

El síndic de greuges de Cataluña, Rafael Ribó, se armó ayer de cifras y estadísticas para rebatir los argumentos económicos que esgrime el Gobierno central para pedir la supresión de decenas de organismos, entre ellos los Defensores del Pueblo autonómicos. Ribó tachó de “falsos” los datos de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (Cora) sobre el coste de estos entes. Según abundó el síndic, se han cruzado cifras de presupuestos y de expedientes tramitados de ejercicios diferentes para dar un resultado “maquillado” que abulta el coste de los organismos autonómicos. “La Cora tergiversa la realidad y esconde datos para hacer prevalecer su tesis”, espetó.

El defensor alertará a Europa

Ribó defendió que el presupuesto del ente que preside se ha reducido un 33% en los últimos cuatro años, mientras que el del Defensor del Pueblo estatal solo lo ha hecho un 12%. Continuando con el desglose de estadísticas, concluyó que también es más eficiente. Cada expediente tramitado en Cataluña supone un coste de 279 euros (se calcula dividiendo el presupuesto por los casos tratados en 2012), mientras que al Defensor del Pueblo le cuesta 428 euros.

“Es inadmisible y de gran ligereza que el Gobierno de España engañe a la opinión pública presentando como una medida de racionalización y ahorro algo que no tiene la más mínima sustentación en datos reales”, criticó Ribó, a la vez que acusó de “maldad metodológica” a la Cora.

El defensor catalán anunció que tiene previsto reunirse con dicha comisión para contrastar las cifras. También aseguró que hará saber a la Comisión Europea la intención del Gobierno central sobre el futuro de estos entes fiscalizadores de las Administraciones. En este sentido, Ribó alertó del “coste para los derechos y la democracia” que podría causar su desaparición.

“Es inadmisible y de gran ligereza que el Gobierno de España engañe a la opinión pública"

Las duras críticas contra el informe de racionalización de la Administración pública no acabó aquí. Según el síndic, el informe de la Cora supone “un atentado contra el principio de autonomía, que está reconocido por la Constitución”. Además, criticó al Ejecutivo central por su “fijación por recentralizar y desmantelar el entramado institucional” de las autonomías.

Con todo, Ribó recordó que la figura del Síndic está regulada por el Estatut y su supresión requiere de una larga senda legislativa que empezaría por el Parlament, para continuar por el Congreso y el Senado, y finalizar por un referéndum.