La juez del ‘caso Bahía’ deja en libertad con cargos a cuatro de los ocho detenidos

La juez Lourdes del Río, instructora del caso Bahía, decretó este jueves libertad con cargos para cuatro de los ocho detenidos en la investigación del fraude en la concesión de ayudas a la reindustrialización de la bahía de Cádiz. Los arrestados, trasladados en un furgón policial desde Madrid, eludieron la prisión, aunque tres de ellos deberán comparecer ante el juzgado cada 15 días como medida cautelar, según fuentes judiciales. Los otros cuatro detenidos fueron puestos en libertad en Madrid y todavía no han sido citados ante la sede judicial gaditana. La juez les imputa los delitos de defraudación de subvenciones y blanqueo.

Entre los detenidos destaca Joaquín de Arespacochaga, hijo del que fuera alcalde de Madrid entre 1976 y 1978, al que la juez impuso una fianza, que pudo pagar para evitar su ingreso en la cárcel, y así salir en libertad. La policía le considera el cabecilla de la trama dedicada a desviar el dinero recaudado por las empresas beneficiarias de las ayudas públicas a paraísos fiscales. Fue detenido tras un registro en una lujosa urbanización de Madrid, aunque su residencia está fijada en Luxemburgo. Junto a él también fueron detenidos varios testaferros, uno de ellos ubicado en Suiza para desviar dinero. Los otros tres detenidos que han declarado no tuvieron que pagar fianza.

Estos arrestados forman parte de una tercera fase de la investigación y se ha centrado en el destino del dinero. La primera se centró en las empresas que recibieron las ayudas, a cuya cabeza estaba el empresario gallego Alejandro Dávila Ouviña. La segunda, no cerrada todavía, se centra en la responsabilidad política de las Administraciones que concedieron las ayudas. La juez ha llamado a declarar a mediados de julio a cuatro cargos de la Diputación y del Ministerio de Industria, entre ellos, el ex director general, Jesús Candil.

La reactivación de este caso ha vuelto a generar un enorme revuelo político en la provincia. El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre, señaló que el fraude destapado por el Grupo de Blanqueo no hubiese sido posible sin la colaboración de instituciones gobernadas por el PSOE. El secretario general del PP gaditano, Antonio Saldaña, fue más lejos al asegurar que, además de los cargos imputados, puede haber otra cabeza pensante de la trama todavía no llamada a declarar. “Nadie puede creerse que en un caso en el que participaron todas las Administraciones gobernadas por el PSOE, el Gobierno central, la Junta o la Diputación, no hubiese un director de orquesta”, sostuvo.

El día anterior el presidente provincial del PP Antonio Sanz se había preguntado por la responsabilidad del entonces presidente de la Diputación, Francisco González Cabaña, hoy diputado a Cortes. Cabaña, que no participó nunca en la comisión evaluadora de las ayudas como el resto de imputados políticos, aparece citado en el sumario ya que en una de las declaraciones una de las imputadas señalaba que las ayudas se decidían en su despacho. Si se le imputa su caso iría al Supremo ya que es aforado como congresista.