Los cinco astilleros vascos deberían devolver 1.000 millones en cuatro meses

Los cinco astilleros vascos que podrían verse afectados por la decisión de la UE de devolver las ayudas públicas concedidas al sector tendrían que reintegrar 1.000 millones de euros en tan solo cuatro meses, lo que, según el Gobierno vasco, les abocaría con toda seguridad al cierre.

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantza Tapia, ha informado del dinero que el sector naval vasco debería devolver a la UE en un almuerzo-coloquio organizado por el Club Financiero en Bilbao.

Tapia ha asegurado que ninguno de los cinco astilleros vascos -la Naval, los dos de Zamacona, Murueta y Balenciaga- sería "capaz de hacer frente a la devolución" que les correspondería y que en total, rondaría los 1.000 millones de los alrededor de 3.000 que tendría que reembolsar el sector naval español.

"Es imposible que lo puedan asumir. Ni con la máxima colaboración del Gobierno en este momento sería imposible. El escenario de cierre de estos astilleros es más que probable y ellos lo saben. Es una situación muy dura", ha reconocido la consejera. Según Tapia, Bruselas resolverá antes de que acabe el próximo mes de julio si declara ilegales las ayudas públicas que España concedió la industria naval entre 2002 y 2010.

Ha avisado de que la resolución tiene "visos de ser muy mala para todos" y, en especial, para los entre 3.000 y 6.000 puestos de trabajo directos e indirectos que genera el sector naval, según sus cálculos. Tapia ha hecho hincapié en que para Euskadi, un dictamen en contra del sector naval sería "letal" y supondría "el cierre definitivo de los cinco astilleros sin la más mínima duda".

"¿Qué entidad financiera va a poder soportar con un crédito a uno de estos astilleros que va a tener que devolver más de 1.000 millones entre cinco?", se ha preguntado. "Eso hoy en día es inasumible. La situación es realmente grave", ha respondido a continuación.

Tapia ha opinado además que si el sector naval recurriese y se embarcase en un litigio para determinar la responsabilidad, "sería aún peor" por el escenario de inseguridad jurídica que generaría. "Eso solo nos va a llevar a una situación de incertidumbre, de judicialización y desde luego, de una inseguridad de tal nivel que no vamos a cerrar los astilleros por multa, sino por inacción. Nadie va a venir a contratar nada a Euskadi, desde luego, en esa situación de inseguridad jurídica", ha remarcado.

La responsable de Desarrollo Económico ha admitido que el Gobierno vasco "poca cosa" puede hacer para impedir la sanción, salvo generar "la máxima presión a nivel del Estado y europeo" para tratar de mitigar el castigo.

No obstante, ha garantizado que el Ejecutivo hablará con los astilleros para intentar encontrar posibles alternativas. Tapia ha subrayado que el sector naval vasco está "muy bien preparado, ha hecho su reconversión, es moderno, tecnológicamente bien posicionado en el mundo y que ha hecho sus deberes en tiempo y forma". "Ha sido capaz de construir buques para todo el ámbito internacional y debe continuar haciéndolo", ha añadido.

Por su parte, los sindicatos han advertido de que una resolución desfavorable del expediente del 'tax lease' que obligase a devolver las bonificaciones aplicadas en el sector naval, comprometería no sólo a los inversores sino también a los astilleros, porque la mayoría "emitieron garantías patrimoniales" para avalar los contratos firmados.

El grupo parlamentario del PSE-EE ha porpuesto que los Gobiernos vasco y central defiendan ante Europa, "con toda la fuerza y vigor que se necesite", una solución para el sector Naval "que no ponga en riesgo el futuro de los astilleros y vele por el sostenimiento del empleo existente".

Los socialistas vascos promoverán este jueves que el Parlamento autonómico se pronuncie, "de forma unánime, mediante una declaración institucional, sobre la nueva 'amenaza que pesa sobre el futuro industrial del sector naval, por la interpretación y las consecuencias que sobre la política comercial ha evaluado la Unión Europea".

Por su parte, el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha censurado la "hipocresía total" de la Unión Europea en materia de ayudas de Estado y, en este sentido, ha cuestionado por qué no se consideran ilegales las que se otorgan a la banca y sí las que se conceden a otros sectores.

En una rueda de prensa en Bilbao, el dirigente de ELA se ha pronunciado de este modo en relación a la próxima resolución de la Comisión Europea sobre el reembolso de las denominadas 'tax lease' en el sector naval.