Bruselas pide explicaciones a España por la ley andaluza antidesahucios

El Banco Central Europeo pide al Gobierno español medidas más ambiciosas contra los desahucios, y al mismo tiempo Bruselas reclama explicaciones porque Andalucía ha ido demasiado lejos. Una carta de los servicios del comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, advierte de los efectos negativos del decreto andaluz de vivienda —que contempla, entre otras medidas, la expropiación del uso de un piso a los bancos durante un máximo de tres años— por su impacto sobre el ajuste en el mercado inmobiliario y sobre la estabilidad del sistema financiero. Bruselas ha reconocido este lunes que carece de competencias para bloquear ese decreto. Pero se dirige al Ministerio de Economía en el marco del memorando de entendimiento asociado al programa de rescate a la banca con una contundencia inusual: “No se puede descartar”, según la misiva, “que la legislación tenga efectos negativos significativos sobre los mercados financieros y las instituciones en España”.

En medio del rifirrafe entre el Ejecutivo central —con mayoría absoluta del PP— y el andaluz —con PSOE e IU—, los servicios de la Comisión ponen en evidencia los potenciales riesgos del decreto. “La medida eleva la incertidumbre sobre el mercado de la vivienda y puede reducir el apetito inversor por los activos inmobiliarios españoles; reduce el valor de esos activos, con repercusiones sobre los balances y la necesidad de más provisiones, y puede tener efectos directos sobre la Sareb [el banco malo español]”. “La ley”, sostiene Bruselas, “va más allá del enfoque equilibrado que debe reconciliar la necesaria protección de las familias más vulnerables y los requerimientos para preservar la estabilidad financiera de España”.

La Comisión pone de manifiesto que la medida “crea incertidumbre” acerca de las competencias de las comunidades autónomas y el Estado

Además, la Comisión pone de manifiesto que la medida “crea incertidumbre” acerca de las competencias de las comunidades autónomas y el Estado al respecto, y señala el riesgo de que otros Gobiernos autónomos sigan los pasos de Andalucía. En ese caso, Bruselas alerta de la amenaza que eso supondría: retrasos en la recuperación del sector de la vivienda, en la estabilización de la banca y, en definitiva, problemas sobre el conjunto de la economía.

Y, sin embargo, la carta expresa solo preocupaciones: si la legislación andaluza violara la normativa comunitaria —cualquier directiva europea—, la Comisión podría abrir un expediente que consta de tres pasos: una carta de emplazamiento, un dictamen motivado y, finalmente, una denuncia ante el Tribunal de Luxemburgo contra España. Nada de eso ha sucedido por el momento.

El Gobierno andaluz no le da mayor trascendencia a la carta. Hace un mes, el departamento de Luis de Guindos advirtió de que la Comisión había enviado una carta cuestionando la legalidad del decreto andaluz. Un portavoz comunitario desmintió que se tratara de una comunicación oficial, pero la polvareda de la polémica se podía ver a lo lejos.

El decreto de la función social de la vivienda, que se está tramitando como proyecto de ley en el Parlamento autónomo, prevé la expropiación temporal del uso de la vivienda a los bancos en casos de personas en riesgo de exclusión social. Pero el impacto de esa medida es muy limitado: se reduce a unas 200 personas que podrían acogerse a este supuesto, según los datos de la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés (IU). La norma también prevé multas de hasta 9.000 euros a las entidades bancarias que no arrienden sus inmuebles.

Desde que entró en vigor, se han abierto siete expedientes de expropiación

Desde que entró en vigor, el pasado 12 de abril, se han abierto siete expedientes de expropiación en Málaga, Huelva, Granada y Cádiz. Lejos de elevar el tono, el Ejecutivo que preside el socialista José Antonio Griñán da por hecho que la nota de Bruselas “no va a ir a ningún lado”, según su portavoz, Miguel Ángel Vázquez. El Ejecutivo andaluz sospecha que en el transfondo de estas cartas se esconde el deseo del Gobierno de buscar argumentos para plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional, una decisión que el PP andaluz no comparte. Los populares, que mantienen la tesis de que el decreto andaluz de la vivienda tiene más efectismo que trascendencia real, temen que ese eventual recurso acabe siendo una poderosa bandera reivindicativa en manos de la izquierda andaluza. El PP andaluz no votó en contra de la convalidación del decreto en la Cámara autónoma y ha presentado 82 enmiendas al proyecto, entre ellas una que pide suprimir la expropiación temporal.

“El Gobierno central tendrá que decidir si quiere ir o no al Constitucional, pero esto de las cartas es una gran exageración porque se entiende poco que la recuperación económica se pueda ver lastrada por el decreto”, señala Vázquez. La consejera de Fomento también ha mostrado su escepticismo: “Dados los antecedentes con el episodio anterior de la supuesta carta de la Comisión que al final nadie aclaró, lo prudente es esperar para comprobar qué grado de oficialidad tiene”. Cortés ha insistido en que el decreto está “bajo el paraguas jurídico de la Constitución”.