Sin subsidio, sin horizonte

Unos 10.000 jornaleros andaluces han entrado a formar parte del temible club de personas en riesgo de exclusión social. Son eventuales agrarios que cada año encontraban en esta prestación un colchón (de 426 euros mensuales durante medio año) con el que paliar sus penurias económicas, pero que este año se han quedado fuera del sistema al no poder acreditar las 20 peonadas exigibles para el cobro de este derecho. Este recorte coyuntural en el número de perceptores no hace más que ahondar en la tendencia regresiva del subsidio en los últimos años. Los 110.878 beneficiarios a finales de abril son 7.000 menos que hace un año y 12.000 menos que en 2011.

El subsidio y el PER (Plan de Empleo Rural), con frecuencia argumentos para el ataque a Andalucía y Extremadura desde más arriba de Despeñaperros, emergen de nuevo ahora como elemento de confrontación de primer orden entre la Junta y el Gobierno central. El Ejecutivo andaluz ha situado en primera línea de su acción política la reivindicación al Ejecutivo central para que exonere a los jornaleros damnificados de los 20 jornales. “Los que no puedan reunir esas peonadas caerán en la indigencia”, alertó el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas.

Tras una fuerte presión de sindicatos, alcaldes y jornaleros, el Gobierno de la nación accedió a principios de año a rebajar de 35 a 20 las peonadas exigibles a la vista de la drástica caída del empleo en el campo que, junto a las obras del PER de los Ayuntamientos, es lo que generan los jornales que dan derecho al cobro del subsidio y la renta agraria. Esa misma medida se adoptó en los años 2005 y 2010.

Sin embargo, los sindicatos ya advirtieron entonces que esa medida sería insuficiente ante una situación que calificaban de excepcional por la drástica reducción de las cosechas agrícolas como consecuencia de la sequía del pasado año. En todo caso, llamaban la atención sobre los efectos nocivos de aplicar el decreto con carácter uniforme para la región, cuando el impacto de la sequía no había sido igual en cada comarca. Y el tiempo parece que les ha dado la razón.

Un informe de la Diputación de Sevilla hablaba de un “descenso generalizado” de todas las campañas agrícolas, con caídas que van del 55% en la cosecha de aceite de oliva (superior al 80% en la provincia de Jaén) al 32% en la remolacha y el algodón, pasando por el 18% en el viñedo. Y confrontando esos datos con los beneficiarios del subsidio agrario (con datos de abril del Ministerio de Empleo y Seguridad Social) se revela que las mayores caídas de perceptores se ha dado, precisamente, en las principales provincias olivareras, Jaén, Córdoba o Sevilla.

El decreto aprobado por el Gobierno establecía hasta el 27 de julio el plazo para computar las 20 peonadas, pero quienes no lo hayan hecho ya lo tendrán difícil en el mes que queda ante la ausencia de campañas agrícolas. “El Gobierno debería alargar el plazo para reunir las peonadas al menos hasta final de año. La mayoría de los perjudicados no podrá hacerlo hasta que empiece la próxima campaña de la aceituna”, sostiene Pedro Marcos, de la Federación Agroalimentaria de UGT-A. Marcos justifica también la petición de prórroga “para relajar la tensión en las relaciones laborales” ante la probable “desbandada” de trabajadores hacia las primeras campañas agrícolas del otoño en busca de las peonadas necesarias.

Y tampoco las obras del PER parecen suficientes. Las del pasado año concluyen a finales de junio (el Gobierno ha prorrogado tres meses el plazo para concluir los proyectos tras la petición de los alcaldes) y las del año en curso no lo harán hasta finales de julio. El Gobierno de la nación ha rechazado también, una y otra vez a Andalucía, la petición de un PER especial para compensar la falta de jornales en el campo por la sequía, algo que sí ha hecho en Canarias y Extremadura. Y tampoco ha atendido la petición de la Junta para cofinanciar de forma conjunta un plan en la comunidad.

La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, se ha erigido en los últimos meses en parachoques ante las críticas vertidas a la ministra Fátima Báñez, que a finales del pasado año se comprometió públicamente a que ningún jornalero se quedaría sin cobrar el subsidio por las circunstancias derivadas de la sequía. Crespo enmarca las críticas por los jornaleros excluidos en “en el campo de la confrontación” política de la Junta hacia el Gobierno de la nación. Y todo porque considera “sorprendente” la reclamación del Ejecutivo andaluz. A su juicio, en el primer trimestre de 2013 han crecido un 7,6% las altas en el subsidio y la renta agraria, mientras que las denegaciones han caído casi un 50%. “El Gobierno central ha hecho sus deberes”, ha defendido Carmen Crespo, quien avisa de que pese al vigente escenario económico, el Gobierno central ha mantenido en el antiguo PER 147,712 millones para Andalucía en 2012 y 2013.

El pasado año los fondos del Profea (Programa de Fomento de Empleo Agrario) -antiguo PER- generaron más de 90.000 contratos (que no jornales) de corta duración para mejorar las infraestructuras de los municipios. En concreto, esos fondos posibilitaron la puesta en marcha de 1.933 proyectos presentados por 730 municipios andaluces y las Diputaciones provinciales. Un empleo, en todo caso, nada comparable con el que generan las distintas campañas agrícolas. Sirva como ejemplo la recolección de la aceituna, que genera en una campaña media unos 14 millones de jornales, la mitad de ellos en la provincia de Jaén. Pues bien, este año ha habido comarcas donde no han llegado ni al 10% de esos jornales.

Por si fuera poco, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha rechazado las peticiones para que otros planes de empleo sirvan para computar los jornales necesarios. Lo ha hecho con el Programa de Emergencia Social de la Junta, y antes hizo lo mismo con el plan de empleo puesto en marcha por la Diputación Provincial de Jaén. El coste anual del subsidio y la renta agraria (que solo cobran el 23% de todos los eventuales agrarios) apenas supera los 700 millones de euros, un gasto que supone poco más del 2% de todo el gasto nacional de desempleo, que supera los 32.600 millones anuales.