La fiscalía rodea a Blasco

La Fiscalía Anticorrupción está cerrando el cerco en torno a Rafael Blasco, siete veces consejero de la Generalitat valenciana y diputado autonómico, que ha desairado al presidente Alberto Fabra al negarse a abandonar el Grupo Popular en las Cortes a pesar de que la Generalitat solicita 11 años de prisión para él por el desvío de fondos de ayuda al Tercer Mundo en el caso Cooperación.

El ministerio público investiga toda la gestión de Blasco desde el año 1999, cuando el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana lo recuperó para la primera línea política al nombrarlo consejero de Empleo. La fiscalía sospecha que la trama con la que Blasco desvió presuntamente cerca de ocho millones de los fondos de cooperación estuvo en funcionamiento durante todo ese periodo, captando fondos públicos hasta que la red fue desarticulada policialmente en febrero de 2012 por orden de la juez instructora del caso Cooperación.

La estrategia, según apuntan fuentes jurídicas, consistiría en profundizar en la investigación hasta que sus resultados permitan sostener una nueva acusación contra Blasco por su gestión en las consejerías de Empleo, Bienestar Social, Sanidad y Territorio, que el diputado dirigió entre 1999 y 2007. Llegado ese momento, la Fiscalía formalizará previsiblemente la denuncia en el Tribunal Superior de Justicia valenciano. Y los nuevos hechos denunciados pasarían a formar la tercera pieza del caso Cooperación, aunque esa decisión corresponderá a la juez instructora, María Pía Calderón.

La fiscalía está requiriendo expedientes y citando a cargos a través de la policía judicial para armar la denuncia.

Se investiga su paso por Bienestar Social, Sanidad, Empleo y Territorio

El caso tiene en estos momentos dos piezas. En la primera Blasco ya está procesado y a la espera de que se le abra juicio por el desvío de 1,6 millones. La segunda pieza es mucho más amplia e investiga globalmente la rapiña de más de seis millones de euros de proyectos humanitarios en algunos de los países más pobres del mundo, incluido el Haití destruido por el terremoto de 2010.

La tercera pieza abarcaría la gestión de Blasco en cuatro consejerías. Las adjudicaciones directas a la trama en este caso se elevaron a 10 millones, según la información de que dispone fiscalía, aportada en gran medida por Esquerra Unida.

El personaje que enlaza la trayectoria presuntamente delictiva de Blasco durante 12 años es Augusto César Tauroni, el empresario que fue cambiando de actividad a medida que Blasco cambiaba de consejería, recibiendo adjudicaciones en todas ellas. En 2008, cuando Blasco desembarcó en la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, Tauroni se infiltró en el mundo de la cooperación. La policía grabó el desprecio con el que el empresario se refería a los teóricos beneficiarios de sus proyectos, hablando por ejemplo de “Negrolandia” para referirse a África.

La fiscalía cree que además de los 10 millones de adjudicaciones directas hubo otras, porque Tauroni utilizó empresas pantalla que se presentaban por él a convocatorias a cambio de una comisión. Así al menos lo ha declarado Óscar Varea, que fue gerente de una de las principales empresas de Tauroni y terminó denunciándolo por haberle dejado dinero a deber.