Salud precipita la tercera subasta de fármacos para eludir el veto de Mato

La subasta de fármacos hace meses que se convirtió en una partida de ajedrez entre la Junta y el Gobierno central. En las últimas semanas las dos Administraciones han preparado sus nuevas jugadas y este jueves ambas movieron ficha. Primero, la comisión de sanidad del Congreso aprobó con los votos del PP y de UPyD la reforma de la ley del Medicamento, que incluye un artículo que veta cualquier medida de ahorro farmacéutico puesta en marcha unilateralmente por las comunidades autónomas. Apenas tres horas después, la Consejería de Salud anunció su tercera subasta de fármacos, por la que sacará a concurso todos los medicamentos que hayan perdido la patente y para los que exista en el mercado más de un preparado comercial.

El Gobierno andaluz planeaba desde hace meses esta convocatoria, pero no pensaba activarla hasta después del verano. Sin embargo, la inclusión en la reforma de la ley estatal de Garantías y Uso Racional del Medicamento de una enmienda presentada por el PP para impedir iniciativas autonómicas como la subasta ha llevado a la Junta a precipitar el concurso público. Mientras que las convocatorias anteriores solo dieron un mes de plazo a las empresas para presentar sus ofertas, esta estará abierta hasta el 21 de octubre.

La oferta que se publicará en el BOJA en los próximos días exprime las opciones que permite este mecanismo: subastará todos los fármacos que se pueden subastar, es decir, los que no están sujetos a patente y no se han adjudicado ya en los dos concursos anteriores. Estos fármacos estaban ya en su mayoría incluidos en la segunda subasta, en la que se sacaron a licitación 330 principios activos de los que solo se adjudicaron 68. El resto quedó desierto porque los grandes laboratorios no se presentaron al concurso (la Junta denunció amenazas del Ministerio de Sanidad).

Lo que ahora quiere licitar Salud suma en total 288 principios activos que se encuentran en el mercado con 5.325 nombres comerciales distintos. Si se adjudican todos, cuando un paciente andaluz acuda a una farmacia con una receta por principio activo (casi el 90% de todas las que se emiten hoy en el Servicio Andaluz de Salud lo son), el boticario no le entregará cualquier genérico de ese principio activo, sino el del laboratorio que haya resultado adjudicatario en la subasta para ese medicamento. En el listado hay antihipertensivos, analgésicos, ansiolíticos, antiinflamatorios y antibióticos, entre otros fármacos.

Estos medicamentos suponen el 33,32% del consumo total de recetas de fármacos recetados en Atención Primaria y solo en 2012 el Servicio Andaluz de Salud gastó en ellos 615 millones de euros. La previsión de la Junta pasa por conseguir con esta subasta un ahorro anual de hasta 234 millones de euros, que sumado a las dos anteriores supondrían 327 millones. Con todo, previsiblemente queden presentaciones desiertas, lo que rebajaría este ahorro, aunque Salud está dispuesta a seguir convocando subastas hasta que estén adjudicados todos los principios activos.

La alta proporción de fármacos que quedaron desiertos en la subasta anterior se debió, sobre todo, a que no se presentaron grandes laboratorios como Bayer, Sanofi, Abbott, Rambaxy o UCB Pharma. Habían concurrido al primer concurso pero se echaron atrás en el último momento sin firmar el contrato con la Junta, que denunció “amenazas” a los laboratorios por parte del Gobierno central y de dirigentes del PP para que no sellaran su pacto con Andalucía. Estas amenazas se cumplieron y el Ministerio de Sanidad abrió un expediente de rebaja de precio a los laboratorios seleccionados por la Junta y acabó instando a algunos de ellos a bajar sus precios para toda España.

Las dos convocatorias anteriores están recurridas ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno central, que tendrá ahora que decidir si también recurre ésta. El alto tribunal aún no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto, pero ha dictado dos autos de medidas cautelares en los que ha dado la razón a la Junta al entender que tiene competencias para implantar medidas de ahorro farmacéutico.

La reforma de la ley del Medicamento ha creado un escenario nuevo y habrá que esperar a ver la posición del Constitucional si el Gobierno vuelve a recurrir la medida andaluza. En su última comparecencia en el Congreso, la semana pasada, la ministra Ana Mato insistió en que la medida andaluza “invade” competencias estatales.