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El fracaso del Auditorio de Vigo amenaza las arcas del Ayuntamiento

La obra ha costado más 90 millones de euros.

El rescate de la concesión costaría decenas de millones al erario municipal

Edificio del Auditorio en Vigo
Edificio del Auditorio en Vigo

La del Auditorio-Palacio de Congresos Mar de Vigo es la historia de dos décadas de desatinos que, a los dos años de que se hiciera realidad esa vieja aspiración de la ciudad, lo han situado al borde de una quiebra que amenaza las arcas municipales. Más de 90 millones de euros después, en el flamante edificio de César Portela que brilla en un entorno de naves industriales solo funciona un hotel amenazado de desahucio y un operador de congresos y conciertos, Congrevigo, que sobrevive a duras penas. El resto son locales y pasillos tan deshabitados como la propia Beiramar y su entorno al caer la noche, cuando la prostitución reina en el barrio.

“Mar de Vigo es una bomba de relojería a punto de estallar”, pronostica un directivo de Carrís Hoteles. Los inquilinos acusan a la adjudicataria del complejo, Pazo de Congresos, SA, de abandonar el negocio para solicitar el concurso de acreedores y reclamar al Ayuntamiento el rescate de la concesión a cambio de una indemnización de decenas de millones. El hotel, que será desahuciado en octubre por el impago de sus cuotas, está próximo a pasar al contraataque: sus dirigentes anuncian que emprenderán acciones legales contra Pazo de Congresos. “No nos vamos a quedar mirando mientras estos señores nos están aplicando el rodillo”, lamenta el mismo ejecutivo del hotel. Los responsables de Congrevigo, mientras, se sienten engañados: “Estamos en una zona industrial y peligrosa; esto no es lo que nos ofrecieron”.

En esta batalla de todos contra todos, las partes son las siguientes. De un lado, las instituciones públicas, que participaron con 18 millones de euros de la Xunta y 12 millones del Ayuntamiento y con la aportación de terrenos la Autoridad Portuaria. De otro, Pazo de Congresos, integrado por Sacyr (50%), Puentes y Calzadas (30%) y Novacaixagalicia (20%), que aportó otros 60 millones a cambio de la explotación del complejo durante 60 años. Completan el triángulo las operadoras en régimen de alquiler. Tras el reciente abandono de un restaurante, se reducen a Congrevigo y al hotel Carrís. No hay rastro del rosario de instalaciones comerciales, oficinas, aulas de la UNED y hasta un FNAC que deberían dinamizar el complejo.

La misteriosa placa vista y no vista

El Ayuntamiento defiende a la concesionaria. “Su actuación es impecable, lo mismo que su compromiso con este proyecto”, sostiene el concejal de Cultura, Cayetano Rodríguez. “Es una situación que observamos con preocupación, pero sin perder la tranquilidad, porque Pazo de Congresos ha manifestado su voluntad de continuar”, añade. El edil de Vigo se refiere así al comunicado emitido por Sacyr el 16 de mayo, en representación de la adjudicataria, en el que destaca que el complejo “sigue abierto al público a pesar de las dificultades”, entre las que cita, en este orden, la restricción de muchas marcas comerciales a nuevas inversiones, la caída del consumo y “la paralización del planeamiento urbanístico previsto en el área circundante”.

Rodríguez también apela a la crisis para explicar este retraso, que supone que la zona adecentada y urbanizada donde se debería emplazar el complejo siga siendo uno de los lugares más disparatados para ubicar Mar de Vigo. “Con el escenario económico actual, resulta imposible hoy hacer una reforma para mejorar aquella zona”, expone. Y sobre un posible rescate de la concesión, el concejal de Turismo señala: “El Ayuntamiento ha cumplido con la adjudicataria. Y además, no podemos plantearnos escenarios que no existen ni siquiera a medio plazo”.

Pese al fracaso manifiesto del auditorio, la pugna entre el Ayuntamiento y la Xunta por el reparto del mérito en su construcción sigue vigente. La semana pasada resucitó al desaparecer la placa inaugural que, para enojo de Alberto Núñez Feijóo, obviaba la participación del Gobierno gallego en el proyecto. Fue sustituida por otra en la que aparecía el nombre del presidente de la Xunta junto al del alcalde, Abel Caballero. El mismo misterio que rodeó esta sustitución envuelve a su posterior desaparición. Duró apenas 24 horas. “No sé qué ha podido pasar, pero está claro que alguien quiere cambiar la realidad social de quién ha apostado por este auditorio”, lamenta el concejal.

El 2 de mayo de 2006, Luis del Rivero en representación de Sacyr, Julio Fernández Gayoso por Caixanova y la entonces alcaldesa Corina Porro firmaban en Vigo el contrato, después de un concurso público convertido en una pugna entre la caja con sede en Vigo y Caixa Galicia que el gobierno municipal inclinó a favor de la primera tras solicitar reiterados informes externos. El negocio era redondo: la caja financiaba —en tiempos en los que prestar dinero era lucrativo— y Sacyr y Puentes se garantizaban obra. Pero estalló la crisis y el castillo de naipes se vino abajo. Según las operadoras que permanecen en el Auditorio, en 2008 Pazo de Congresos cosechó unas pérdidas de ocho millones de euros. Durante la construcción del auditorio se duplicó el presupuesto, lo que dio origen a unas negociaciones que supusieron una reducción notable de las dimensiones del complejo y de sus condiciones para albergar conciertos. Después se produjeron dos revisiones del plan económico firmado con el Ayuntamiento —con una prórroga de la concesión por 25 años y una ayuda directa de 5 millones de euros incluidas— para adaptar el negocio a la crisis.

Carrís, que asegura que no paga para renegociar su cuota, y Congrevigo consideran que ni el auditorio se parece a lo que figuraba en el proyecto original, ni Pazo de Congresos hace nada por promocionarlo, lo que, sostienen, ha condenado sus proyectos a la ruina. Ambas partes acusan a la gestora de rechazar una renegociación de sus alquileres. Sacyr guarda un escrupuloso silencio. Se remite a un comunicado de prensa del 16 de mayo en el que sostiene que “no ha adoptado ningún acuerdo” sobre el concurso de acreedores, pero no lo descarta, y cita como causas de sus dificultades “la paralización del planeamiento urbanístico” municipal en el área circundante. De las acusaciones de sus dos entidades arrendadas, ni una palabra. Pese a que son de grueso calibre. “Esto es una zona industrial y peligrosa. Cuando te la alquilan te dicen: aquí va a ir la UNED, aquí la FNAC, todos estos serán locales comerciales... Pero jamás se realizó nada. Es un engaño”, se lamenta una portavoz de Congrevigo.