Una decisión en contra del sentido común

El marco actual de crisis ha desenterrado antiguas creencias, revitalizado el viejo paradigma de que las exigencias ambientales constituyen una pesada carga para el desarrollo económico. Y bajo este paraguas asistimos a una supresión de órganos, promulgación de iniciativas legislativas encaminadas a flexibilizar los requerimientos, directivas y decretos tendentes a aliviar exigencias de evaluación y prevención ambiental.

Partimos del consenso de que la generación y tratamiento de residuos se ha convertido en uno de los problemas más acuciantes, dadas sus múltiples implicaciones, y somos conscientes de que tienen impacto sobre la contaminación del suelo, el agua y la atmósfera, y un papel relevante en el cambio climático y los riesgos para la salud pública; en función de cómo gestionemos estos residuos, incidiremos de forma más o menos acusada en ellos.

Eso ha llevado a las instituciones a considerar que lo más eficiente, una vez que el residuo se ha generado, es la reutilización y el reciclado antes que la valorización, dado que este último tratamiento puede tener un impacto no deseado sobre la salud. Por tanto, no alcanzo a comprender las razones que llevan a la Comunidad de Madrid a permitir la quema de residuos en la cementera de Morata de Tajuña.

Tanto la Estrategia de Desarrollo Sostenible española como la europea tienen como uno de sus principales objetivos “evitar la producción de residuos y aumentar el uso eficaz de los recursos naturales mediante la aplicación del concepto de ciclo de vida y el fomento de la reutilización y el reciclado”. ¿Cuáles son, pues, las razones para permitir la quema de residuos en la cementera? ¿No esteremos asistiendo a un intento de dotar a la cementera de un medio adicional de ingresos económicos, ahora que su negocio real ha caído en picado?

No quiero creer que sea este último el motivo real, pues estaríamos asistiendo a una decisión de dudosa legalidad y que además, al estar amparada por un estudio de impacto ambiental, pondría una vez más en entredicho la eficacia de los sistemas administrativos para garantizar la conservación del medio y la salud ciudadana.

Es difícil entender cómo en un escenario donde la UE insta a los Estados a tomar medidas aún más severas para reducir la contaminación atmosférica, a fin de que se pongan en consonancia con los últimos descubrimientos científicos para garantizar una calidad del aire y protección de la salud óptima, se permite la quema de residuos en la cementera. Se me antoja que la medida va en sentido contrario, ya que existen fundadas sospechas de que puede haber emisiones nocivas para la salud.

Sabemos que la contaminación del aire sigue situándose a la cabeza de las preocupaciones medioambientales de los ciudadanos europeos, como refleja la propuesta de Programa General de Medio Ambiente para 2020 titulado Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta. Su objetivo básico es la adopción de medidas para alcanzar niveles de calidad del aire que no den lugar a riesgos y efectos negativos significativos para la salud humana y el medio ambiente, por lo que, antes de valorizar los residuos, deberíamos incentivar medidas de reutilización y reciclado que, por otro lado, existen, son rentables y generan empleo.

Pero es que, además, el Ministerio de Agricultura marca el objetivo de conciliar la máxima protección del medio ambiente con el desarrollo económico y la generación de empleo, y acciones como esta no contribuyen a este objetivo. La reutilización y el reciclado son un motor más potente para ello que la valorización.

Esto me lleva a pensar que la decisión va más encaminada a favorecer los intereses de unos pocos en detrimento de la conservación del medio y el bien común. Asistimos una vez más a otra medida que conlleva el deterioro del medio ambiente fruto del enfoque liberal-conservador que los madrileños venimos sufriendo durante los casi 20 años de Gobierno del PP en la Comunidad. Nuevamente vemos cómo se retuercen los requisitos legales, a través de una visión cortoplacista y anticuada, para que el medio ambiente no entorpezca el desarrollo económico de una minoría.

Seguramente argumentarán razones económicas y de empleo, pero no se puede volver a usar la crisis como argumento contra la sostenibilidad medioambiental. Todo el mundo es consciente de que eso ya no es así, y más en este caso, donde el reciclado genera más puestos de trabajo y desarrollo que la valorización. Mientras no tengamos la seguridad de que la quema de los residuos es inocua, mientras se albergue la más mínima sospecha de riesgo de emisiones nocivas para la salud, deberemos aplicar el principio de precaución.

Debemos exigir la protección de los ciudadanos de las presiones y riesgos ambientales para la salud y el bienestar por encima del beneficio económico. Más allá del cumplimiento de la legislación ambiental, la Comunidad ha de velar por la salubridad del medio en el que viven sus ciudadanos. Más allá del compromiso legal, existe un compromiso ético que ha de cumplirse.

No hablamos solo de cumplir la ley, sino de proporcionar a los ciudadanos calidad de vida y permitirle a una empresa privada el ahorro de costes mediante la quema de residuos, con dudosa inocuidad, no proporcionará ni desarrollo económico, ni social, ni mucho menos medio ambiental a Morata de Tajuña, ni a la Comunidad de Madrid.

José Manuel Franco es diputado regional y secretario de Ordenación Territorial y Medio Ambiente del PSM.