Un acuerdo para la atención social

Los continuos ajustes presupuestarios, unidos a la falta de liquidez, conforman un panorama de desconcierto en la prestación de servicios a las personas en áreas como sanidad, educación, servicios sociales, atención a la dependencia, etc. Somos conscientes del hecho de que los responsables públicos tampoco desean los recortes y a menudo actúan reactivamente a los inputs que reciben del departamento económico de su gobierno. Los beneficiarios y usuarios finales de estos servicios, que son quienes padecen en propia piel las consecuencias de los recortes, se indignan y manifiestan cargados de buenas razones. Las organizaciones sociales que prestan servicios concertados o por iniciativa propia vivimos en una inseguridad permanente. Estamos convencidos de nuestra razón de ser por responsabilidad hacia el entorno social, pero no sabemos qué será de nosotros dentro de dos meses. La tarea que realizamos es tan básica y esencial para la sociedad que no puede quedar ignorada. Atendemos colectivos como personas con discapacidad, niños en situación de pobreza, adultos que viven en la calle, familias que necesitan del apoyo de las entidades para comer y vestirse, personas con problemas de toxicomanías, promovemos la infancia desde la educación…

“La tarea que realizamos es tan básica y esencial para la sociedad que no puede quedar ignorada”

Se impone, y si no lo reclamamos, un nuevo pacto que establezca límites, responsabilidades y condiciones. Probablemente nunca, ninguno de sus actores lo hubiera deseado, pero siempre es mejor tener una coordenadas a las que atenerse que no verse en la máxima indefinición. ¿Puede la enseñanza obligatoria continuar siendo gratuita, mientras hunde en la precariedad las fundaciones titulares de escuelas concertadas? ¿Qué límites debe tener la "externalización" de la gestión de la sanidad pública? ¿Qué margen temporal es aceptable en el pago de las facturas de una administración? ¿Es razonable la oferta pública de ciertos servicios, en competencia desleal con la iniciativa social, mientras no hay recursos para necesidades más básicas?

En Catalunya contamos con una tradición social rica, plural, con gran capacidad de iniciativa, con tejido social comprometido y activo, que históricamente ha asumido todo tipo de responsabilidades y funciones que son básicas para la sociedad. Pero también estamos convenidos que es lógico e incluso deseable que la sociedad civil adopte este papel responsable en un marco de libertad. Asociaciones y fundaciones hemos sido capaces de reaccionar en el momento presente reorientando prioridades, creciendo en número de beneficiarios, diversificando y adaptando los programas. La responsabilidad social de las personas muestra la riqueza de una sociedad cuando, encuadrados en estructuras intermedias, son capaces de dar respuesta a las inquietudes e intereses colectivos. Aceptemos la situación, no sin olvidar y denunciar las causas de la misma, pero con las manos a la obra.

La reivindicación de los derechos debe ir, en la práctica, unida a la reivindicación de un marco de realidad en la administración

Entre las distintas entidades se está atendiendo multitud de carencias y podemos ir a más, si conviene. En absoluto es deseable la situación de muchas personas y familias, pero ello debe ser un revulsivo para la responsabilidad individual y colectiva. La reivindicación de los derechos debe ir, en la práctica, unida a la reivindicación de un marco de realidad en la administración, en que todos tengamos a qué atenernos. Reivindiquemos el Estado del Bienestar, pero a la vez y quizás sólo durante un periodo transitorio, establezcamos como paliar sus déficits ahora. ¿Qué hace quien? Y ¿en qué condiciones recibirá apoyo público? Y cumplámoslo todas las partes de forma estable. Negar la evidencia, recordar reiteradamente la responsabilidad cierta de terceros, moverse en la indefinición, no ser capaz de tomar medidas de consecuencias difíciles,… complica aún más el esfuerzo colectivo para atender a los más débiles. La responsabilidad de este nuevo pacto es de todos los que deberíamos abrir el diálogo. Y en este sentido, tal vez sería más práctico que las entidades dejáramos de atascarnos malgastando esfuerzos y energías en la reivindicación de situaciones injustas y focalizáramos la reivindicación en alcanzar nuevos acuerdos estables. Aceptar la realidad supondría un ejercicio de madurez social y política del que sólo podrían derivarse beneficios para los más vulnerables.

Josep Oriol Pujol i Humet es Director General Fundación Pere Tarrés.