El Valedor avisa de que los Gobiernos deben preservar los derechos sociales

El Valedor do Pobo, José Julio Fernández, en funciones desde que hace un año cesó su antecesor, Benigno López, tras justificar los recortes sociales de la Xunta, compareció esta mañana en el Parlamento para dar lectura a los informes de los dos últimos años de la institución. En su primera comparecencia ante el Pleno de la Cámara, el alto comisionado ha querido marcar distancias con su antecesor y ha sido felicitado por todos los partidos. Tras pasar de puntillas por el dictamen sobre 2011 elaborado por López y que no fue presentado por la dimisión de éste, el actual Valedor hizo resumen de las quejas ciudadanas que le llegaron durante el pasado ejercicio. Y constató que la mayoría, 318, se centran en servicios sociales. Aludió a los incumplimientos en la ley de dependencia, a los recortes en educación y sanidad, las listas de espera y las excesiva dilación de los juzgados. Su diagnóstico, tras su primer año como comisionado, concluye que “los derechos sociales no pueden quedarse en vaporosas declaraciones de intenciones”. Por eso esta mañana en el Parlamento ha defendido que las leyes deben obligar a los Gobiernos a preservar los derechos sociales.

Fernández también se ha referido a la venta de productos financieros complejos por parte de los bancos y cajas a gente que no tenía suficiente formación para entenderlos. Ha reiterado, como ya había hecho la semana pasada, que los presuntos estafadores deben ser perseguidos por la vía penal y que las entidades financieras deben resarcir a sus clientes. “Las entidades bancarias tienen cuantiosas ayudas públicas para evitar su colapso, deben mostrar un mayor respeto social”, reclamó. Así se entiende la queja de oficio que abrió el comisionado para dar respuesta a las reclamaciones de más de 3.000 personas. Tras estudiar las reclamaciones ciudadanas, el Valedor sostiene que hay un “exceso de protección de la banca y déficit de defensa del consumidor, generalmente engañado”. Y añade una dura crítica a los organismos reguladores que no supieron ver el problema cuando se estaba gestando: “ La CNMV y el Banco de España fueron incapaces de proteger a los consumidores. Las personas que no fueron bien informadas deben recibir de inmediato la devolución de todo lo invertido sin quitas. Debe agilizarse la vía penal y deben ser útiles los artículos sobre estafa, apropiación indebida o complicidad engañosa”.

La misma sensibilidad solicita a los bancos a la hora de poner coto a los desahucios, “una solución insatisfactoria y profundamente injusta” que ha llevado a la institución a abrir una línea de atención telefónica que funciona las 24 horas del día para dar respuesta a los afectados.

Desde el BNG, su diputada Tereixa Paz, criticó la situación de interinidad que vive la institución y subrayó que “las quejas ciudadanas evidencian el fracaso más rotundo de la Xunta en la prestación de servicios y acaba con la propaganda de Feijóo que no es capaz de hacer más con menos.

También el grupo de Alternativa Galega de Esquerda aludió a la crisis de la institución que mantiene en funciones a su titular, pero su viceportavoz Yolanda Díaz, agradeció que Fernández haya criticado con dureza los “recortes de la Xunta y el austericidio”.

Una lectura similar hizo la representante socialista Patricia Vilar, quien optó por pedir la dimisión de la conselleira de Traballo e Benestar, Beatriz Mato, a la vista del sinfín de quejas de los ciudadanos que reclaman el cumplimiento de la ley de dependencia.

Por el PP intervino el diputado Agustín Baamonde y defendió que los resultados de los informes evidencian que la crisis se ha instalado en la sociedad. Ha atribuido a la oposición radical del resto de partidos la responsabilidad de no haber renovado la oposición y ha dicho que los populares siempre ha mostrado respeto a la institución.