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El PP rompe la unidad sobre la cesión del Guadalquivir a Andalucía

El grupo popular tumba la petición del Parlamento sobre la gestión de la cuenca

Lourdes Lucio
Susana Díaz y Eduardo Madina, en el Congreso.
Susana Díaz y Eduardo Madina, en el Congreso.LUIS SEVILLANO

El PP andaluz rompió este martes la unidad lograda en el Parlamento autónomo cuando en noviembre de 2011, poco antes de las elecciones andaluzas de marzo de 2012, votó junto con los grupos socialista y de Izquierda Unida reclamar al Estado la cesión de las competencias sobre las aguas de la cuenca del Guadalquivir que transcurren íntegramente por Andalucía.

La Cámara autónoma aprobó entonces remitir al Congreso una proposición de ley orgánica, que se debatió y rechazó ayer, en la que reclama esa competencia a través del artículo 150.2 de la Constitución, una vez que el Tribunal Constitucional anuló el artículo 51 del Estatuto de Autonomíaque proclamaba que la comunidad tenía la competencia exclusiva sobre esa parte de la cuenca. La propuesta fue rechazada por 185 votos de PP y UpyD.

La vía del 150.2 era la única posible para revertir la sentencia del Constitucional. Aunque el PP anunció el lunes a través de su número dos, José Luis Sanz, que su grupo votaría a favor de la propuesta y defendería la cesión, la intervención de la diputada autonómica del PP Carolina González Vigo fue todo un canto en contra de esa salida jurídica y política. “No es un problema de competencias, sino de incompetencia en la gestión”, señaló la diputada, después de proclamar las “máximas competencias dentro del marco constitucional”, arremeter contra los “escándalos” del Gobierno de Griñán y el “fracaso” de la actuación de la Junta durante los tres años en los que gestionó la cuenca. Más o menos fue la misma línea que siguió su compañera de partido Teresa de Lara en nombre del grupo popular. Esta consideró inconstitucional la cesión y opinó que “lo importante” no es quién tiene la competencia sino los problemas de Andalucía. Entre ellos, “el récord de paro y desempleo juvenil, los bajos índices del nivel educativo, la abundancia del gasto público o los casos de corrupción como el de los ERE”.

Cronología jurídica

Junio de 2007.El Gobierno socialista de Extremadura presenta un recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto aprobado en referéndum en febrero de ese año.

Septiembre de 2008. Se firma el acuerdo de traspaso de las competencias del Guadalquivir. Esa transferencia entra en vigor en enero de 2009. Extremadura y Castilla-La Mancha, ambas en manos del PSOE entonces, recurren el decreto de traspaso ante el Tribunal Supremo, que paraliza la causa a la espera del Constitucional.

Marzo de 2011. El Tribunal Constitucional declara inconstitucional el artículo 51 del Estatuto andaluz que permitió la transferencia de competencias.

Junio de 2011. El Tribunal Supremo, en dos sentencias de los días 13 y 14, anula también el decreto de transferencia de 2008.

Supuestamente la intervención de la diputada andaluza tenía que ir en línea con la de los otros portavoces, Mario Jiménez (PSOE) y José Antonio Castro (IU), y con lo aprobado en la Cámara regional. De hecho, Castro en su intervención destacó como el punto más relevante de la propuesta la unanimidad de los tres grupos parlamentarios.

La disparidad de argumentos y las propias explicaciones de los tres ponentes andaluces, muy rico en simbología e historia, chocó a algunos portavoces parlamentarios. Emilio Olabarría (PNV) destacó la falta de concordancia, opinó que el argumentario rayaba “en la falta de decoro”, dejaba “mucho que desear” y el debate era de “pura política doméstica”. Apoyó la iniciativa por “empatía”. La presidenta de turno del Congreso, la malagueña Celia Villalobos, le reconvino: “Aquí no venimos a echarle la bronca a los diputados autonómicos de Andalucía”.

Al representante de UPyD, Toni Cantó, “casi se le escapa la risa por el folclorismo” de los argumentos, señaló, lo que le valió otro toque de atención de Villalobos quien le recordó que los diputados autonómicos no tenían otro turno de intervención. UPyD votó en contra y recordó que en su ideario figura la devolución al Estado de algunas competencias que ahora tienen las comunidades. CiU apoyó la demanda de la cesión y reclamó coherencia al PP con lo votado en el Parlamento andaluz.

Izquierda Plural y PSOE arremetieron contra el PP por trasladar una imagen de división que no se produjo en el debate de hace dos años en la Cámara andaluza. “Ustedes tuercen un acuerdo alcanzado por unanimidad, entraron por la puerta falsa en el Estatuto y están confundiendo a los ciudadanos”, aseguró el diputado de IU José Luis Centella. La socialista María José Rodríguez aseguró que el propio Tribunal Constitucional en su sentencia abría la puerta a que Andalucía gestionara la cuenca del Guadalquivir a través de la cesión de competencias, como ha ocurrido con otras comunidades en otras materias. Rodríguez calificó de “engaño” el consenso manifestado por el PP andaluz en la Cámara regional.

Tras el debate, que fue seguido por la consejera de la Presidencia, Susana Díaz, el ponente socialista Mario Jiménez atacó al PP por su “deslealtad infinita con Andalucía”.

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