Imputado el director de As Fragas do Eume por el fraude forestal
El juez cree que fue necesaria su colaboración en la trama que cobraba subvenciones.
Suma más de 20.000 folios el sumario sobre la supuesta trama de fraude en subvenciones forestales en la Costa da Morte que investiga desde hace dos años el juzgado número uno de Corcubión. Y tampoco deja de crecer el número de afectados, casi 300, por aparecer, sin su conocimiento, como solicitantes y beneficiarios de ayudas públicas para reforestar tierras que ni siquiera eran suyas. Abultada también es la cifra de expedientes de la Consellería de Medio Rural bajo sospecha, que supera el centenar. El montante total de las subvenciones investigadas duplica además la cifra reconocida en el Parlamento por la consellería de Rosa Quintana: se eleva ya a 1,8 millones. Son 17, hasta ahora, los imputados.
Tres de los implicados por falsificación en documentos públicos son funcionarios de la delegación provincial de A Coruña, entre ellos el ahora director de As Fragas do Eume, Jorge Vázquez Rey. Su colaboración en la tramitación de los expedientes de esas subvenciones fue necesaria, según el instructor, Iván Barallobre, para el supuesto desvío de fondos públicos organizado “con ánimo de lucro” por un empresario de Vimianzo, Manuel Maceiras, junto a su esposa, María Jesús Esmorís, y otros miembros de su familia y de su negocio.
Ingeniero de montes y técnico forestal, Jorge Vázquez integraba la unidad provincial que se encargaba de tramitar esas subvenciones de Medio Rural hasta que el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, lo ascendió hace casi un año al ponerlo al frente del parque natural de la comarca ferrolana. Fue en julio de 2012, meses después del gran incendio que asoló parte de As Fragas. Es un cargo de libre designación y Vázquez fue elegido, según remarcó el conselleiro, para tener “la máxima sensibilidad” y hablar “con propietarios y sectores involucrados en la puesta en valor del parque”. En Medio Rural, su labor está entredicho así como la de una jefe de negociado del mismo departamento provincial, Marta Pascual, y otro funcionario, Roi Iglesias, por las numerosas irregularidades que la investigación aún en curso puso al descubierto en la tramitación de subvenciones bajo sospecha.
Estos tres funcionarios fueron imputados por certificar documentación que en realidad no constaba en los expedientes de esas ayudas. En numerosos casos no figura el obligatorio director de obra de los trabajos forestales para los que solicitaron subvención o se certificó como realizadas plantaciones que nunca se hicieron. El juez, en colaboración con la Unidad de Delitos Económicos de la policía nacional, que realizó un amplio informe incluido en el sumario, destaca que esas anomalías en la tramitación superan, por demasiado reiteradas, “lo entendible como error humano” o administrativo.
La investigación de la Operación Forest sigue y aún puede crecer el número de imputados, entre los que figuran ya ocho directivos o empleados de las sucursales del Pastor, La Caixa y Banesto en Vimianzo, también considerados “colaboradores necesarios” para este supuesto fraude. Un teniente de alcalde de Corcubión, el socialista José Antonio Louro Pais, está implicado como empleado de banca.
La Policía judicial continúa estos días tomando declaraciones y recabando datos. Requirió informes de más de 30 funcionarios de Medio Rural para determinar el grado de responsabilidad en los expedientes de subvenciones bajo investigación. Pero la conselleira se mantiene firme, tal y como ratificó hace 15 días en el Parlamento, en su determinación en “esperar a que la Justicia dictamine” antes de adoptar cualquier “medida de depuración administrativa o política”. Para Quintana, es “aventurado y una falta de sensatez apuntar a la existencia de un fraude”. La única medida que adoptó fue ordenar, “como medida de control extraordinaria y adicional”, revisar 68 del centenar de expedientes bajo sospecha.
Fallecidos, analfabetos y una discapacitada, entre los afectados
El supuesto fraude forestal se destapó por casualidad cuando una vecina de Dumbría, el municipio con más afectados, recibió en 2011 una carta de Medio Rural como beneficiaria de una subvención que jamás había pedido para reforestar una parcela que ni siquiera era suya. A partir de ahí, fueron llegando denuncias al juzgado de Corcubión de personas en igual situación que descubrieron además ser titulares de cuentas bancarias, también sin su conocimiento, en las que se ingresaban y retiraban en efectivo casi de inmediato cientos de miles de euros de ayudas del Fondo Galego de Garantía Agraria, procedente de ayudas europeas. Más de cien vecinos ya se personaron como acusación, con ayuda del sindicato Fruga. Hay al menos seis personas fallecidas antes de aparecer como demandantes y receptoras de estas ayudas. También figuran firmas de personas analfabetas y la de una discapacitada psíquica sin potestad legal para realizar este tipo de trámites.
Muchas se están aún enterando estos días de que aparecen entre los demandantes y beneficiarios de esas subvenciones tramitadas entre 2007 y 2010. Así le ocurrió a un empleado del principal empresario implicado, Manuel Maceiras, que fue llamado a declarar ante la Policía. Figura junto a familiares suyos como receptor de ayudas para solares de los que ninguno es dueño.
Otro de los principales imputados es uno de los ingenieros forestales de las empresas de Maceiras, Manuel Costa Barrientos. Está relacionado en muchos de los expedientes bajo sospecha, como director de los trabajos forestales pero también como titular principal o solicitante de ayudas de silvicultura tramitadas entre 2007 y 2010. Tampoco era propietario de las parcelas, requisito para obtener ese tipo de subvenciones. Costa Barrientos es muy conocido en Medio Rural, al ser presidente de la Asociación de Empresas de Servicios Forestales de Galicia. Como tal integró el comité organizador de la feria Galiforest que celebró la consellería en 2012. Otro exingeniero de Maceiras, Juan Carlos Perdiz, también está imputado en el sumario. Pero a diferencia de Costa Barrientos no figura como solicitante de subvenciones. Y dejó la empresa nada más destaparse el caso.
