Imputado el director de As Fragas do Eume por el fraude forestal

Suma más de 20.000 folios el sumario sobre la supuesta trama de fraude en subvenciones forestales en la Costa da Morte que investiga desde hace dos años el juzgado número uno de Corcubión. Y tampoco deja de crecer el número de afectados, casi 300, por aparecer, sin su conocimiento, como solicitantes y beneficiarios de ayudas públicas para reforestar tierras que ni siquiera eran suyas. Abultada también es la cifra de expedientes de la Consellería de Medio Rural bajo sospecha, que supera el centenar. El montante total de las subvenciones investigadas duplica además la cifra reconocida en el Parlamento por la consellería de Rosa Quintana: se eleva ya a 1,8 millones. Son 17, hasta ahora, los imputados.

Tres de los implicados por falsificación en documentos públicos son funcionarios de la delegación provincial de A Coruña, entre ellos el ahora director de As Fragas do Eume, Jorge Vázquez Rey. Su colaboración en la tramitación de los expedientes de esas subvenciones fue necesaria, según el instructor, Iván Barallobre, para el supuesto desvío de fondos públicos organizado “con ánimo de lucro” por un empresario de Vimianzo, Manuel Maceiras, junto a su esposa, María Jesús Esmorís, y otros miembros de su familia y de su negocio.

Ingeniero de montes y técnico forestal, Jorge Vázquez integraba la unidad provincial que se encargaba de tramitar esas subvenciones de Medio Rural hasta que el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, lo ascendió hace casi un año al ponerlo al frente del parque natural de la comarca ferrolana. Fue en julio de 2012, meses después del gran incendio que asoló parte de As Fragas. Es un cargo de libre designación y Vázquez fue elegido, según remarcó el conselleiro, para tener “la máxima sensibilidad” y hablar “con propietarios y sectores involucrados en la puesta en valor del parque”. En Medio Rural, su labor está entredicho así como la de una jefe de negociado del mismo departamento provincial, Marta Pascual, y otro funcionario, Roi Iglesias, por las numerosas irregularidades que la investigación aún en curso puso al descubierto en la tramitación de subvenciones bajo sospecha.

Estos tres funcionarios fueron imputados por certificar documentación que en realidad no constaba en los expedientes de esas ayudas. En numerosos casos no figura el obligatorio director de obra de los trabajos forestales para los que solicitaron subvención o se certificó como realizadas plantaciones que nunca se hicieron. El juez, en colaboración con la Unidad de Delitos Económicos de la policía nacional, que realizó un amplio informe incluido en el sumario, destaca que esas anomalías en la tramitación superan, por demasiado reiteradas, “lo entendible como error humano” o administrativo.

La investigación de la Operación Forest sigue y aún puede crecer el número de imputados, entre los que figuran ya ocho directivos o empleados de las sucursales del Pastor, La Caixa y Banesto en Vimianzo, también considerados “colaboradores necesarios” para este supuesto fraude. Un teniente de alcalde de Corcubión, el socialista José Antonio Louro Pais, está implicado como empleado de banca.

La Policía judicial continúa estos días tomando declaraciones y recabando datos. Requirió informes de más de 30 funcionarios de Medio Rural para determinar el grado de responsabilidad en los expedientes de subvenciones bajo investigación. Pero la conselleira se mantiene firme, tal y como ratificó hace 15 días en el Parlamento, en su determinación en “esperar a que la Justicia dictamine” antes de adoptar cualquier “medida de depuración administrativa o política”. Para Quintana, es “aventurado y una falta de sensatez apuntar a la existencia de un fraude”. La única medida que adoptó fue ordenar, “como medida de control extraordinaria y adicional”, revisar 68 del centenar de expedientes bajo sospecha.