Ruiz: “O los trabajadores se arremangan o se tendrá que cerrar el Sant Pau”

El consejero de Salud, Boi Ruiz, culpó ayer a los trabajadores del hospital de Sant Pau de la grave crisis que atraviesa el centro, al que la Generalitat instó el viernes a pedir el concurso de acreedores tras constatar que el riesgo de insolvencia es inminente. “O los trabajadores se arremangan, o se tendrá que cerrar Sant Pau”, declaró Ruiz en una entrevista en Rac1. El consejero apuntó a los sueldos de los empleados y su negativa a rebajárselos un 5% como la causa del déficit del centro sanitario, que asciende a 57 millones de euros desde 2011, según Ruiz. Esta cifra se ha alcanzado menos de seis años después de que la Generalitat —gobernada por el tripartito de izquierdas— inyectara en 2007 casi 300 millones de euros extraordinarios para cubrir el agujero que entonces tenía el hospital.

El Sant Pau está en una delicada situación debido a los problemas económicos, al enquistado conflicto entre dirección y trabajadores y al cúmulo de irregularidades —cobros fuera de la normativa, adjudicaciones y contratos a dedo...— en la que los responsables del centro habrían incurrido desde el año 2000. Estas irregularidades habrían tenido un coste millonario para el hospital y están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción 22 de Barcelona, que mantiene imputados por estafa y malversación a casi todos los directivos del Sant Pau entre 2000 y 2011.

Los cinco miembros del patronato de la fundación que gestiona el centro —presidido por Xavier Pomés— dimitieron el viernes, solo una hora antes de que la Generalitat hiciese pública la decisión de obligar al hospital a pedir el concurso de acreedores. “No hay manera más racional de resolver las tensiones. No hemos conseguido que se resuelva con diálogo y sin judicializar”, argumentó Ruiz, que calificó de “nebulosa” las irregularidades investigadas.

Los trabajadores, criticó Boi Ruiz, “no quieren aceptar la reducción salarial del 5% ni ninguna norma del sector público”. “Los gestores que ha tenido el Sant Pau nunca han conseguido llegar a los acuerdos necesarios”, añadió. Cerca de 400 médicos del Sant Pau, que impugnaron en los tribunales la decisión del Sant Pau de aplicarles la reducción salarial del 5% ordenada por la Generalitat para el sector público, lograron que el juzgado de lo social 21 de Barcelona les diera la razón en primera instancia y obligara al centro a devolverles 3,3 millones de euros descontados entre 2010 y 2012. El fallo considera que el Sant Pau depende de una fundación privada participada por la Iglesia, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona y que, por tanto, no es administración pública.

Boi Ruiz pasó de puntillas por las irregularidades en la gestión investigadas y rechazó cualquier relación entre estas y la arquitectura jurídica del hospital, que en 1991 fue dividido en dos fundaciones: una que gestiona la asistencia médica y la otra que administra el patrimonio. Un año más tarde fue creada una tercera dedicada a la investigación. Esta es una de las líneas de investigación abiertas por el juzgado que lleva el macroproceso del Sant Pau, iniciado tras una denuncia del comité de empresa que sostiene que con esta división las rentas ingresadas por el patrimonio —casi 10 millones anuales— no revierten en el hospital.

“No confundamos. No es verdad que el temas de las propiedades o los contratos sea el problema del Sant Pau”, zanjó Ruiz. El consejero habló de casos como el de Ricard Gutiérrez Martí, un exgerente adjunto del hospital que siguió cobrando 140.000 euros al año entre 2004 y 2011 aunque ya no trabajaba allí. Al consejero “no le consta” que Gutiérrez no trabajase entonces en el Sant Pau.

Pese a todo lo acontecido la pasada semana, cuando Pomés y el resto del patronato dimitieron para no tener que acatar la presentación del concurso de acreedores, Boi Ruiz salió ayer en su defensa. Fue en el mismo día que el Departamento de Justicia hacía público un comunicado informando de que ha ordenado al Sant Pau a nombrar un nuevo patronato para llenar el vacío de poder dejado por la espantada de Pomés. “Debido a la situación de falta de Gobierno de la entidad, el Protectorado de Fundaciones insta a la Muy Ilustre Administración [la MIA el máximo órgano de Gobierno del Sant Pau] a iniciar los procedimientos [...] para nombrar” a los nuevos patronos.

La MIA nombra formalmente a los cinco patronos de la fundación que gestiona el hospital, pero tres de ellos son propuestos por la Generalitat de Cataluña, uno por el Ayuntamiento de Barcelona y otro por la Iglesia.

“Con este requerimiento”, sigue el comunicado, “el Departamento de Justicia tiene la voluntad de hacer operativo el hospital y que sean los nuevos aptronos los que procedan a la presentación del concurso de acreedores”.