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26 extrabajadores afectados por el amianto exigen 2,2 millones a Uralita

La mayoría de los demandantes sufre una enfermedad pulmonar o cáncer

Es el primer juicio colectivo por la vía civil contra la empresa

Les sirve de ejemplo no solo para criticar la escasa formación que tenían los empleados para manipular el amianto, sino también para denunciar la falta de seguridad con la que trabajaban. “A veces, durante el proceso de elaboración, se formaban nubes de polvo que se extendían por la fábrica o salían a la calle. Caían las partículas del amianto y nosotros nos lo tomábamos como si estuviera nevando, incluso, bromeábamos con ello”. Lo recuerda Alberto Martínez (71 años) junto a varios de sus compañeros de la antigua fábrica de Uralita de Dos Hermanas (Sevilla). Lo hacen en un corrillo formado a las puertas de los juzgados de lo Social de Sevilla, donde este lunes ha comenzado el juicio en el que 26 extrabajadores de Uralita reclaman a la empresa 2,2 millones de euros por las enfermedades contraídas por el contacto con este mineral.

Es el caso de Amalia Morales (79 años), quien durante dos años trabajó en esta fábrica sevillana. “Cuando entré, acababa de cumplir los 18”, recuerda. Primero trabajó manipulando el amianto; después, como limpiadora. “Me cambiaron de puesto porque comenzaron a salirme eccemas”, apunta. “Más adelante, noté que me ahogaba, que me faltaba el aire”, añade. Los médicos le diagnosticaron asbestosis —enfermedad pulmonar crónica por la inhalación repetida de amianto—. En la misma situación se encuentra Miguel Ángel Rey (73), quien trabajó en la fábrica durante 31 años. “Se ahoga al poco de empezar a andar, tiene que tener cerca su inhalador, apenas sale de casa...”, explica su mujer, Carmen Aguilar, quien asegura que lo peor es en invierno. “Con el frío puede coger una bronquitis muy seria y muy peligrosa”, apunta tras afirmar que confía en que se haga justicia.

A la espera del registro

Desde 2005 está prohibido en Andalucía el uso del amianto. Años antes, se reguló el protocolo para su prevención. A pesar de estos avances, lo que aún no se ha logrado ha sido cuantificar el número de enfermos en Andalucía. “Dar una cifra es muy aventurado. No lo han hecho ni las Administraciones. No solo se han visto afectados los trabajadores, sino también sus familias y las personas que han vivido cerca de una de estas fábricas”, explica el presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto de Andalucía, Antonio Delgado, quien asegura que es responsabilidad de la Junta el cuantificar las víctimas.

“A nivel estatal, se elaboró un mapa en el que aparecían las zonas con afectados por amianto. En el caso de Andalucía, sin cifras”, apunta. Por esta razón, la plataforma de trabajadores reclama a la Administración que elabore un registro de afectados a nivel andaluz. Asimismo, solicita al Gobierno central que ponga en marcha un fondo económico para las víctimas.

Al juicio, el primero colectivo por la vía civil contra esta empresa, han acudido 22 trabajadores y las viudas e hijos de otros cuatro empleados fallecidos. Como Morales y Rey, la mayoría de los demandantes sufre asbestosis o un cáncer conocido como mesotelioma. “Estas enfermedades tienen una latencia de años entre la exposición al amianto y su desarrollo. Pueden transcurrir hasta 40 años”, explica el presidente de la Asociación de Víctimas del Amianto de Andalucía, Antonio Delgado. “De ahí que se den muchos casos como preinscritos”, apunta.

Como argumentos, la defensa de los empleados asegura que la empresa “no adoptó suficientes medidas de seguridad para proteger a los trabajadores de esa sustancia y las que se adoptaron fueron absolutamente ineficaces y muy tardías”. En respuesta, a través de un comunicado, Uralita señala que “siempre cumplió en su fábrica de Sevilla con la legislación sobre utilización de amianto” e incluso, en 1977, “adoptó voluntariamente diversas medidas, cinco años antes de que entrara en vigor la ley española de 1982 y seis años antes de las recomendaciones de organismos como la Organización Internacional del Trabajo”. “La empresa dice que efectuó un estricto cumplimiento de la legalidad vigente y hace una valoración interesada, mientras que los informes de nuestros médicos están efectuados por profesionales de centros públicos de la sanidad y han mostrado el daño corporal que ocasionaba el amianto”, explican los abogados, informa Europa Press.

Pese a las explicaciones, los exempleados aseguran que Uralita conocía “perfectamente” cuáles eran las consecuencias de trabajar con este tipo de sustancias. “La formación que teníamos era nula. Nadie nos explicó lo peligroso que era trabajar con esta sustancia. Nosotros lo único que queríamos era un sueldo fijo que llevar a casa”, apunta Juan Carlos Atienza (73), cuyo caso se juzgará en octubre. “Fíjese lo poco que sabíamos que cuando empezó todo el lío, un compañero se comió una barra de amianto para demostrarnos que no era perjudicial. Ahora, él también está enfermo”, apunta Martínez.

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