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El ‘software libre’ no arranca

La Generalitat defiende implantar el sistema Lliurex pero gasta 1,5 millones en licencias informáticas

Esteban González Pons y Silvia Caballer, con el cartel de Lliurex en 2004.
Esteban González Pons y Silvia Caballer, con el cartel de Lliurex en 2004.

Carlos tenía nueve años cuando fue presentado como un portento de las nuevas tecnologías. Educación recurrió en 2005 a un estudiante de primaria para promocionar ante la prensa Lliurex, distribución gratuita del sistema operativo de código abierto Linux. Carlos fue exhibido como “asesor” de los programadores de la consejería, que por entonces auguraba un ahorro de 4,7 millones de euros anuales en licencias informáticas. Nada se sabe del precoz informático ocho años después. Pero sí de su mentora. La exdirectora general de Innovación Tecnológica Silvia Caballer está imputada por la adjudicación en 2005 del II Congreso de Software Libre. El contrato fue para Orange Market, franquicia valenciana de la trama Gürtel.

La anécdota resume para las fuentes consultadas la “dejadez” del Consell para implantar Lliurex. Profesores y sindicatos sostienen que, tras el anuncio de la migración al sistema operativo libre, —que sirvió de inspiración de cuatro congresos por donde desfilaron gurús como el presidente de Linux Internacional, Jon Maddog Hall—, solo hay “humo mediático”. Ponen como ejemplo que los ordenadores de la dirección territorial de Educación funcionan con Windows de Microsoft, antípoda del espíritu del software libre, según CC OO.

Los críticos cuestionan las cifras de la Generalitat. El Consell asegura que el distribuidor gratuito de Linux corre en los 110.000 ordenadores de las aulas valencianas. Que sus 1.109 cursos de Lliurex y GNU/Linux han permitido la formación de cerca de 22.000 alumnos y profesores. Y que se ha ahorrado más de 30 millones de euros desde 2005 en licencias. La “seguridad” de Lliurex, añade, evita la compra de antivirus.

Los formadores discrepan. “El uso de Lliurex es testimonial porque no hay compromiso para su divulgación”, dice Paco García, de CC OO. “Faltan programas”, se queja Vicente Ripoll, presidente de la Asociación de Directores de Primaria y director del colegio de Valencia Ballester Fandos, donde solo 15 ordenadores del aula de informática funcionan con el entorno gratuito. Un tercer representante educativo admite que desconoce las ventajas y se define como “analfabeto para los ordenadores”. E Hilari Marí, coordinador tecnológico del Colegio Público Jesús de Valencia, destaca la “baja” implantación del distribuidor entre los formadores. Un último docente confiesa bajo anonimato que las diez terminales de la sala de profesores de su centro, un colegio público del barrio valenciano de Patraix, están trucadas. Tienen una versión pirata de Windows que convive con el Lliurex preinstalado.

La historia de Lliurex se escribe desde 2004 y lleva la firma del exconsejero de Educación Esteban González Pons, que ha declinado atender a EL PAÍS. El político defendió el “uso” de software libre en la Administración. De lo contrario, advirtió, los colegios corrían el riesgo de ser “esclavos de una marca”. Casi una década después, la marca sigue haciendo caja. La Generalitat gastó el pasado año casi 1,5 millones en licencias de Microsoft, según la respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado de Compromís Fran Ferri.

“El uso de Lliurex es testimonial porque no hay compromiso para su divulgación”

Lliurex se enmarcó en un movimiento de software libre global auspiciado por gobiernos de izquierda. Una idea de pensamiento colaborativo y código abierto que preconizó el brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Extremadura (Linex) fue la pionera en España con un modelo que encadenaba reconocimientos. Después aterrizaron Andalucía (Guadalinex) o Castilla-La Mancha (Molinux). Los patrones regionales no confluyeron en uno común.

La primera versión de Lliurex fue presentada en 2005, un año después del primer congreso para promocionar la distribución valenciana. “La paradoja llegó al punto que en el evento había presentaciones hechas con programas de pago”, explica un asistente. La Generalitat optó por un desarrollo inicial en diez centros piloto. “Antes de llegar a las aulas ya se estaba presentando", lamenta Emilio Martínez Hernández, coordinador de Educación del PSPV en Alicante. Sostiene que primó la celebración de los ostentosos congresos que ahora investiga la justicia al desarrollo de la tecnología. Y critica que el proyecto de convertir la autonomía en territorio lliurex chocó con la firma de convenios con la compañía cofundada por Bill Gates, paradigma de los programas de pago.

Con la irrupción de la crisis, la implantación del sistema operativo coincidió con la falta de inversión en equipamiento. La Generlaitat declinó en 2009 sumarse al convenio Escuela 2.0 del Gobierno. El exconsejero de Educación Alejandro Font de Mora argumentó que los ordenadores del Ejecutivo socialista producían miopía. Dos niños andaluces comparten hoy un ordenador frente a los seis valencianos, según el último informe del Gobierno, de 2011. “La situación ha empeorado porque en Valencia y Madrid no se ha invertido”, zanja el socialista Miguel Soler, exdirector general de FP del Gobierno hasta 2012.

 

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