Los agentes acusan a los exconsejeros de permitir el pago de ‘sobrecomisiones’

La Guardia Civil destaca el “verdadero perjuicio” que causaron a la Hacienda andaluza las sobrecomisiones pagadas en los ERE. Más de 21 millones en los expedientes que gestionó la consultora Vitalia y más de 13 millones en los que participó Uniter, a pesar de que la Guardia Civil ha elevado el total hasta los 50 millones entre intermediarios, abogados y otros costes. Y los investigadores hacen responsables de estas sobrecomisiones,a los exconsejeros José Antonio Viera (aforado) y Antonio Fernández (imputado y que estuvo en prisión) como “superiores jerárquicos” del ex director general Javier Guerrero. “Eran conscientes de estar incluyendo unas comisiones muy superiores a las del resto del mercado”, acusan los agentes.

Las pesquisas, que cuestionaban las comisiones superiores al 20% en ciertos ERE, tuvo un efecto inmediato en Vitalia: tras la publicación en prensa de intrusos en pólizas de Vitalia, se procedió a la destrucción del dominio desde el que el ex director comercial Antonio Albarracín intercambiaba correos con Guerrero. “Eliminar (precipitadamente) de los sistemas informáticos del holding aquellos archivos de los que se pudiera deducir la actuación irregular de los responsables de la consultora Vitalia en un intento de ocultar y destruir información”, subrayan los agentes. La cúpula de Vitalia está en prisión preventiva a excepción de Albarracín, que pagó los 600.000 euros de su fianza. Los trabajadores de Vitalia se referían a los implicados en los ERE fraudulentos como “los señores del sur”.

Mientras, las acusaciones contra el dueño de Uniter, José González Mata, son más leves. “Pacta directamente con la Junta las sobrecomisiones que recibe (...) parte de este dinero se habría desviado para pagar servicios de terceras personas, entre ellas el despacho de abogados Villasís, Juan Lanzas, organizaciones sindicales y el propio Guerrero”. Los investigadores acusan a González Mata de ser “conocedor y colaborador en la inclusión de intrusos en los expedientes”.

La respuesta de González Mata siempre ha sido el rechazo frontal del cobro de sobrecomisiones. Ante el Parlamento presentó un informe que fijaba su porcentaje medio de beneficios en torno al 7,8% en los ERE. Uniter fue el gestor de numerosos ERE y a través de esta consultora se pagaron los gastos de las asociaciones de trabajadores y abogados mediante el despacho Estudios Jurídicos Villasís. Según la Guardia Civil este bufete actuó como una “caja pagadora” bajo las órdenes de Guerrero para los compromisos de la Junta con terceras personas. Ambos responsables, González Mata y Carlos Leal están pendientes de declarar ante la juez Alaya.

Por su parte, el exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías reiteró ayer que es falso que mediase para incluir intrusos en los ERE, como declaró ante la juez el exchófer de Guerrero, Juan Francisco Trujillo el pasado 22 de marzo.

Dos semanas antes de esta comparecencia, la Guardia Civil había entregado un informe a la juez en el que analizaba la relación de Zarrías con el intermediario Juan Lanzas, un vínculo que habían apuntado varios imputados. Los agentes destacaban que la relación entre Zarrías y Lanzas es “de difícil definición” y que los testimonios de los investigados “no aportan elementos de prueba suficientes” para poder definirla, “apuntando meras conjeturas carentes o escasas de validez”.

En el sumario, sobre el que se ha levantado el secreto, no consta ninguna actuación de la juez Mercedes Alaya relacionada con la declaración de Trujillo el 22 de marzo, posterior a este informe de la Guardia Civil.