La juez pide a Andorra que informe sobre las cuentas de Antoni Marsal

La juez que investiga el presunto desvío de casi 750.000 euros de la Unión Patronal Metalúrgica (UPM) ha pedido a las autoridades de Andorra que informen sobre las cuentas que posee en ese país Antoni Marsal, expresidente de la organización. Marsal permanece desde el viernes en prisión provisional por haber cobrado, presuntamente, más de 600.000 euros de la UPMa través de empresas instrumentales por servicios que no prestaron. La mitad de ese dinero procede del Estado y de la Generalitat y estaba destinado a impartir cursos de formaciónEn una comisión rogatoria a Andorra, la titular del juzgado de instrucción número 18 de Barcelona también ha solicitado el bloqueo de una de las cuentas donde Marsal tenía almacenados alrededor de 150.000 euros. Según fuentes cercanas al empresario, esa cantidad fue repatriada en noviembre del año pasado. Marsal se acogió a la amnistía fiscal decretada por el Gobierno para regularizar ésa y otra cuenta corriente —abierta en otro paraíso fiscal— en la que guardaba tenía una pequeña cantidad de dinero, según las mismas fuentes.

En los registros practicados por la Guardia Civil el pasado jueves, los agentes hallaron un documento en el que figuran distintas transferencias desde entidades bancarias de Andorra que suman casi dos millones de euros. Hacienda deberá aclarar a qué aluden esos movimientos y si Marsal utilizó otras cuentas para eludir el fisco. Los registros en su casa de Sant Just Desvern depararon más sorpresas: Marsal guardaba unos 40.000 euros en cajas de seguridad, así como una decena de relojes de lujo.

El presunto desvío de fondos se produjo entre 2007 y 2012. Los tres primeros años, Marsal facturó a la UPM con cargo a los fondos procedentes de las subvenciones públicas. Pero éstas empezaron a reducirse con la agudización de la crisis y el empresario pasó entonces a cobrar directamente de los fondos propios de la patronal del metal, que pertenece a Fomento del Trabajo y es una de las más potentes de Cataluña. De forma paralela, las arcas de la UPM se empezaron a vaciar y los trabajadores vieron en peligro sus puestos de trabajo.

El marido de una imputada cobró 7 millones de la patronal por cursos

En una carta presentada a la junta de gobierno, los trabajadores denunciaron las presuntas irregularidades cometidas por Marsal, que en julio de 2012 se vio obligado a dimitir. Una auditoría de PriceWaterhouseCoopers (PWC) detalló los presuntos desmanes del expresidente y los empleados presentaron una querella que ahora investiga la juez. En aquella auditoría figuran, entre otras cosas, pagos de la UPM a Joaquim Boixareu para preparar su candidatura a Fomento del Trabajo en 2010. Los pagos suman 3.856 euros.

Marsal permanece imputado por los delitos de malversación, apropiación indebida y falsedad documental. Además del expresidente, están imputados otros responsables de la patronal del metal. De un lado, su ex número dos, Ángel Hermosilla, y la mujer de éste, también por haber cobrado por trabajos ficticios. Del otro lado, están imputadas por haber colaborado en el desfalco la responsable de contabilidad, Cristina López, y la de formación, Magda Grau. Según consta en la auditoría de PwC, una empresa del marido de Grau, CIEF, es la principal adjudicataria de los cursos de formación que gestiona la patronal. CIEF ha percibido unos siete millones de euros de la UPM.