Los ecologistas llevan de nuevo a Europa el deterioro del canal Segarra-Garrigues

Otra vulneración de las directivas europeas sobre hábitats y protección de aves puede poner de nuevo en aprietos al Estado ante los mismos organismos de la Comisión Europea que hace 12 años le incoaron dos procedimientos sancionadores por no proteger suficientemente una decena de aves esteparias en el sistema de riegos del canal Segarra-Garrigues.

Tres entidades ecologistas —Ipcena, Ecologistes de Catalunya y SEO/BirdLife— han vuelto a quejarse por infracciones en el mismo ámbito. En concreto, han denunciado la destrucción de 200 hectáreas de terrenos excluidos del riego en la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los secanos del Segrià y Utxesa, en los términos municipales de Aitona, Torres de Segre y Seròs.

Los conservacionistas, que presentarán la denuncia por estos hechos ante el Departamento de Agricultura de la Generalitat y la Comisión Europea, señalan que la alteración de estos espacios protegidos se ha hecho con el consentimiento de la Administración catalana y del Ayuntamiento de Aitona, ya que de lo contrario no se habrían podido conectar a la red de riego ni recibir subvenciones oficiales.

En este caso, se han realizado entre los años 2009 y 2012 roturaciones y nivelaciones de terrenos, algunos yermos comunales, que posteriormente fueron plantados de árboles frutales. Estas actuaciones también han afectado a zonas de vegetación natural, la mayoría llevadas a cabo por grupos empresariales o inversores que compran fincas a pequeños agricultores con fines especulativos.

El portavoz de Ipcena, Joan Vázquez, ha manifestado que estas acciones constituyen una infracción “muy grave” porque vulneran las directivas europeas sobre hábitats y protección de aves, al afectar a especies en regresión, entre ellas las más amenazadas como la ortega, la ganga, la alondra Dupont, la calandria y la terrera común. El Departamento de Agricultura niega haber autorizado nuevos regadíos en la zona señalada por los ecologistas, pero admite que el cuerpo de agentes rurales ha presentado varias denuncias relacionadas con estos hechos. La Administración ha abierto tres expedientes sancionadores.